Un aparente grupo de sicarios atacó anoche la Comunila de Loma de Guamúchil, sede del pueblo yaqui de Cócorit, y golpeó a por lo menos dos activistas que solicitan cuentas claras a las autoridades tradicionales.
De acuerdo a testimonios de habitantes de la Loma, Juan Luis Matuz, el Capitán, así como Sergio Estrella, secretario, y el gobernador Urbano Jusacamea, fueron quienes dieron las órdenes para atacar el recinto sagrado.
César Cota Tórtola y Manuel Moroyoqui Ramírez fueron golpeados por los delincuentes que portaban armas de grueso calibre, con las cuales amagaban al resto de los indígenas congregados en el lugar.
Los yaquis mantenían una reunión pacífica en la Comunila para exigir cuentas claras a las autoridades tradicionales que en las últimas semanas han sesionado por fuera del recinto, incluso con autoridades del Gobierno de Sonora, en aparente revisión de problemas como el acueducto aún inoperante que serviría para dotar de agua potable a los ocho pueblos, así como los canales de riego recién construidos y que ya se están rompiendo aún sin llevar agua.
Jusacamea, Matuz y Estrella habían propuesto tomar la carretera para presionar a las autoridades estatales a dialogar sobre los temas que les afectan, pero los yaquis se inconformaron porque no se les consultó para llegar a acuerdos con el Gobierno sonorense.
LOS PRESUNTOS RESPONSABLES
Alrededor de las 22:30 horas, familiares de Cota Tórtola denunciaron en redes sociales los hechos e hicieron responsables de las consecuencias a las autoridades tradicionales que en las últimas semanas no han sesionado en la Comunila sino en el monumento al danzante yaqui, por la carretera Internacional.
“A Marina Angüis y su esposo, ya que fue él el que los llevó (a los delincuentes), si a mi papá le pasa algo, los hago responsables de todo”, escribió Ángeles Cota.
“Todo este ambiente de confrontación es auspiciado por los dirigentes del INPI (Instituto Nacional de Pueblos Indígenas), encabezados por Adelfo Regino Montes, así como por el Gobierno de Sonora “para despojar a la Tropa Yoremia de sus recursos naturales”, se lee en otro mensaje de los yaquis.
Además:
“El pueblo, unido, jamás será vencido y este es un llamado a toda la tropa yoremia de los ocho pueblos para erradicar la corrupción en definitiva de la Nación Yaqui. Rendición de cuentas a todas las autoridades tradicionales”, afirman en el texto de redes sociales.
Es necesario, sostienen, que las autoridades del INPI saque las manos de los ocho pueblos de la Tribu Yaqui porque solamente manipulan a las autoridades conforme a sus intereses, además de que cuentan con el apoyo interno de personajes como Rosario Osuna Zúñiga, quien sin pertenecer a Cócorit, se entromete en los asuntos internos de ese pueblo.
Los yaquis temen que las acciones de anoche desencadenen más violencia porque muchos de los habitantes de Loma de Guamúchil manifestaron su coraje por este tipo de maniobras, aparentemente comandadas por las autoridades tradicionales, pero es posible que los gobiernos federal, estatal y municipal estén detrás de los hechos.
LAS PETICIONES DE CÓCORIT
Desde el pasado mes de abril, las autoridades tradicionales encabezadas por Urbano Jusacamea, entregaron al Gobierno la siguiente carta de protesta:
“¡¡QUE SE OIGA FUERTE NUESTRO GRITO DE PROTESTA!!
“En nuestro carácter de Gobierno y Autoridad Tradicional del Pueblo de Cocorit- Loma de Guamuchil de la Nación Tribu Yaqui, designadas en cumplimiento de las normas y procedimientos que ordenan nuestras leyes internas, usos y costumbres, en ejercicio de la representación legal de nuestro pueblo y comunidades indígenas por mandato constitucional, nos dirigimos al pueblo de México, de Sonora de nuestros hermanos de los Pueblos Originarios de Sonora, por medio de este Comunicado formulamos nuestra más enérgica protesta por las irregularidades, acciones y omisiones que pudieran ser constitutivas de delito, en que incurrieron el Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y funcionarios y empleados bajo sus órdenes que están plenamente identificados durante su desempeño al frente del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, creado para atender las necesidades sobre tierras, territorio, agua y desarrollo social integral, como lo ordena el artículo Segundo del Decreto Presidencial que instituyó el Plan, lo que dio origen a la PROBLEMÁTICA DE LA TRIBU YAQUI QUE NO FUE ATENDIDA POR EL PLAN DE JUSTICIA DEL PUEBLO YAQUI QUE AHORA DENUNCIAMOS, DE INICIO AL HABER HECHO A UN LADO LA ESTRUCTURA DE NUESTRO GOBIERNO AUTÓNOMO QUE ENCONTRÓ A SU LLEGADA A NUESTRO TERRITORIO PARA EJECUTAR EL PLAN DE JUSTICIA, DESCONOCIENDO Y VIOLENTANDO LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES QUE PROTEGEN NUESTROS DERECHOS, CULTURA, PATRIMONIO, LEYES INTERNAS, USOS Y COSTUMBRES.
“IRREGULARIDADES, ACCIONES Y OMISIONES FUNDAMENTO DE NUESTRA PROTESTA:
“1.-Para eludir su responsabilidad, incumpliendo su deber legal, coaligándose con funcionarios bajo su mando y generando un escandaloso tráfico de influencias, el Presidente Ejecutivo de la Comisión Presidencial de Justicia para el Pueblo Yaqui y Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), infringiendo nuestras leyes internas, usos y costumbres, desintegró la estructura de nuestro gobierno autónomo, lesionando gravemente la estructura de mando, limitando el ejercicio del mandato de nuestras autoridades tradicionales, al otorgar de manera tiránica, facultades de decisión a los Secretarios que, de acuerdo con nuestras leyes, no tienen funciones de autoridad, sino solamente administrativas, ignorando por completo a nuestras autoridades tradicionales, pueblos basarios, organizaciones civiles, militares, religiosas, tropa yoemia, mujeres y organizaciones de productores agrícolas y ganaderos.
“2.-Como consecuencia de la destrucción de nuestras instituciones de gobierno y autoridad tradicional, no se instauró defensa alguna ni excitativa elemental de justicia, por los despojos de tierra y agua de nuestra legítima propiedad que se han cometido en perjuicio del patrimonio comunal de nuestros pueblos y comunidades indígenas.
“Exigimos se proceda de inmediato a la restauración de la estructura de mando de nuestro gobierno y autoridades y se respeten en su integridad nuestras leyes internas usos y costumbres y se cubran los daños y perjuicios que su conducta contraria al espíritu que impulsó lacreación delPlan de Justicia del Pueblo Yaqui por el Ejecutivo Federal ha causado a nuestros pueblos, comunidades y familias indígenas.
“3.- La desintegración y anulación de la estructura de nuestro gobierno y autoridades tradicionales, fue implementada para impulsar la construcción de obras ajenas a las verdaderas necesidades de nuestros pueblo y comunidades, a excepción del sistema de abastecimiento de agua potable, que por cierto sigue sin funcionar, generando un despilfarro millonario que solo benefició a unos cuantos, pero que no ayudó a aliviar la situación de pobreza de nuestras familias y solo propició la desviación de la atención a los graves problemas de despojo que debieron atenderse prioritariamente.
“4.- La más grave omisión es que NO se reconoció ni se defendió la propiedad de las aguas no controladas por la presa “La Angostura” del caudal de nuestro sagrado rio Yaqui, entregadas a la tribu por el presidente Lázaro Cárdenas en Resolución de fecha 30 de septiembre de 1940, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre del mismo año, acción agraria que nunca ha sido derogada, limitada ni modificada en forma alguna, siendo por ello que se encuentra en plena vigencia, por lo que exigimos su estricto reconocimiento y cabal cumplimiento. No obstante, la autoridad del agua, CONAGUA, ha otorgado concesiones sobre dicho caudal de nuestra legítima propiedad como si se tratara de aguas nacionales, por lo que exigimos la revisión y cancelación inmediata de dichas concesiones.
“5.- De igual manera, pedimos y exigimos se informe a nuestros pueblos y comunidades, como propietarios del caudal del río Yaqui que somos, el fundamento técnico y legal por el que en el artículo tercero del Decreto por el que se establece el Distrito de Riego 018 del Pueblo Yaqui, se asigna únicamente un volumen de 673 Millones de metros cúbicos, cuando la mitad del almacenamiento en la presa “La Angostura” y el cien por ciento de las aguas no controladas por dicha presa es de nuestra exclusiva propiedad.
“6.- Con un “Convenio” apócrifo se están trasvasando ilegalmente de la cuenca del río Yaqui a la cuenca del río Sonora, hasta la fecha más de 500 millones de metros cúbicos de agua de nuestra legítima propiedad, para llevarla a la ciudad de Hermosillo por el acueducto “Independencia”, en perjuicio de nuestro patrimonio hídrico, cometiendo el delito de despojo de aguas, previsto y sancionado por el Código Penal Federal, por lo que exigimos se suspendan de inmediato de las extracciones y se proceda penalmente contra quienes resulten responsables.
“7.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó concesión a la empresa Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. FERROMEX, para la explotación del servicio de transportación ferroviaria en el ramal norte, que cubre la conexión entre Guadalajara, Jalisco y Nogales, Sonora, afectando 90 kilómetros de nuestro territorio, no obstante que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 27 (veintisiete) fracción VIII, declara nulas las concesiones que se otorguen sobre tierras de común repartimiento de los pueblos y comunidades, por lo que exigimos la cancelación de dicha concesión y la suspensión inmediata de todo tráfico ferroviario sobre nuestro territorio y se proceda a la reparación del daño causado a nuestro pueblo por dichas acciones consistentes en la explotación con fines de lucro de nuestro territorio durante más de 30 treinta años.
“8.- De igual manera a lo expresado en el punto anterior, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó concesión al Organismo Descentralizado del Gobierno Federal Caminos y Puentes Federales de Ingreso y Servicios Conexos (CAPUFE) para la explotación por cobro de peaje de la carretera Internacional 15, afectando 90 kilómetros de territorio de nuestra exclusiva propiedad privada, estando fuera de vigencia dicha concesión, por lo que exigimos la suspensión inmediata de todo cobro de peaje a automovilistas y transportistas por cruzar por nuestro territorio y se proceda a la reparación del daño causado a nuestro pueblo por dichas acciones durante más de 30 treinta años.
“9.- En el artículo quinto del Decreto Presidencial por el que se establece al Distrito de Riego 018 del Pueblo Yaqui queda claramente establecido que la conservación, rehabilitación, tecnificación y mantenimiento de las obras del Distrito de Riego 018 se realizarán por el pueblo yaqui con apoyo de la Comisión Nacional del Agua CONAGUA, así como las obras de saneamiento, caminos y demás construcciones que sean necesarias para el desarrollo y progreso de las familias indígenas de la población yaqui, por lo que en cumplimiento de esta disposición legal, dichas obras como la construcción de la infraestructura hidroagrícola, incluyendo el desmonte, deberán ejecutarse bajo la administración y supervisión del Pueblo de Cocorit-Loma de Guamuchil en la jurisdicción territorial que nos corresponde.
“10.- Lo anterior tiene su fundamento en lo ordenado en el artículo sexto de mencionado Decreto por el que se establece el Distrito de Riego 018 del Pueblo Yaqui; en dicho mandato se otorga el reconocimiento del pueblo yaqui como sujeto titular y administrador del dicho Distrito de Riego. En el segundo párrafo del citado artículo, el Ejecutivo Federal ordena que la administración del agua se realizará a través de un organismo comunitario que estaría integrado por las autoridades ó representantes de los ocho pueblos de nuestra etnia.
“11.-Sin embargo, por las irregularidades en la acreditación e integración, por carecer dicho organismo administrador comunitario de legítima representación, nuestro pueblo se hará cargo de la operación y administración del agua y la infraestructura, toda vez que las fuentes de abastecimiento, conducción e instalaciones se encuentran en territorio de este Pueblo de Cocorit-Loma de Guamúchil, lo que nos hace responsables del buen funcionamiento del abastecimiento del agua para consumo humano en los centros de población y uso agrícola en nuestro Distrito de Riego. Este acuerdo de nuestro pueblo tiene carácter de irrenunciable y no está sujeto a negociación.
“12.-No se atendieron y siempre fueron evadidos para ser incluidos en los temas fundamentales de un verdadero Plan de Justicia para nuestro pueblo, la reincorporación a nuestro patrimonio comunal de las Isletas 1 y 2, así como la revisión de los puntos de la lucha histórica de los puntos naturales.
“13.- Nunca se tomó en cuenta el apoyo para el desarrollo de las actividades productivas como la agricultura, ganadería y pesca; en ganadería, apoyos para contrarrestar las sequías con siembra de forrajes (apoyos y crédito en insumos como semilla de alfalfa entre otros); para la agricultura apoyos con maquinaria e implementos y en pesca apoyos con artes y equipos para grupos de pescadores yaquis en la presa EL Oviachic y Chiculi.
“14.- En el sector social nunca se dio atención al funcionamiento general de los centros de salud y dispensarios comunitarios con médicos, enfermeras y la falta de medicinas es criminal por el daño que causa a nuestras familias, principalmente mujeres en gestación, niños, niñas y personas adultas mayores; nunca se proporcionó una ambulancia por pueblo, como pedimos en múltiples ocasiones; en educación nunca se dio atención prioritaria a las prácticas educativas con pertinencia cultural y lingüística en concordancia con la escuela mexicana indigenista; no se atendió satisfactoriamente el reclamo permanente por vivienda digna y decorosa para las familias indígenas; no existe justicia laboral para los trabajadores agrícolas y de la industria maquiladora, comercio y servicios; no se hizo esfuerzo alguno para la liberación de indígenas yaquis internos en centros de readaptación, que con el pago de una mínima caución hubieran podido recuperar su libertad”.
TOMADO DE NAINARI DIGITAL