Hermosillo, Sonora. — La seguridad digital del Gobierno de Sonora ha sido comprometida. El grupo de hackers conocido como “Team Chronus” ha puesto a la venta el acceso a la infraestructura digital de la Secretaría de Hacienda, lo que ha escalado de un problema técnico a una grave crisis de gobernabilidad. La filtración, que supuestamente contiene 50GB de archivos, no solo confirma fallas en los sistemas de protección de datos, sino que revela información confidencial sobre las decisiones financieras, los litigios en curso y las prioridades de gasto de la administración estatal al cierre de 2025.
Litigios millonarios presionan las finanzas del Estado
Uno de los puntos más críticos que revelan los documentos es la presión legal sobre las arcas estatales. El oficio SE-05.06-3714/2025 de la Subsecretaría de Egresos muestra la dificultad para cumplir con una sentencia de amparo (47/2021) que obliga al Estado a pagar $36,232,848.26 pesos a la empresa Alquiler Industrial S.A. de C.V. por daños a un inmueble. Ante la imposibilidad de pagar el monto completo de inmediato, la Secretaría de Hacienda decidió realizar un depósito parcial de $1,000,000.00 pesos. Esta acción se tomó como un gesto de “buena fe” para evitar ser acusada de desacato judicial y ganar tiempo para negociar un convenio de pagos a plazos, confirmando la tensión entre los compromisos legales y la disponibilidad de efectivo.
Prioridades de gasto: Entre seguridad reforzada y tecnología
La filtración detalla dónde se están invirtiendo los recursos en áreas sensibles. Un documento clave (oficio SE-05.06-3782/2025) autoriza la compra de equipos para la Secretaría de Seguridad Pública. Destaca la adquisición de cuatro vehículos Pick Up y, de manera notable, una camioneta con blindaje nivel “V plus” para la Coordinación Estatal de Ayudantía, Logística y Seguridad. Aunque el gasto se justifica por seguridad, la exposición pública de las especificaciones y el destino del vehículo aumenta el riesgo operativo para los funcionarios que lo utilizan. Irónicamente, en medio de este hackeo, Hacienda también autorizó una inversión de $500,000.00 pesos para que la Comisión Estatal del Agua implemente un servicio de “CHATBOT” para la atención a usuarios, mostrando un esfuerzo en modernización digital.
Inversiones operativas en obra pública y áreas sociales
Los archivos filtrados también exponen el costo de la operación gubernamental y la respuesta a demandas sociales:
Medio ambiente: Se autorizó una inversión significativa, incluyendo la compra de una unidad móvil veterinaria que supera los 3.4 millones de pesos, además de vehículos operativos para el Bosque Urbano La Sauceda.
Estabilidad social: A través de CECOP, se liberaron cerca de 10 millones de pesos para atender “peticiones urgentes” de la ciudadanía y asociaciones civiles en diversos municipios, un movimiento importante para mantener la paz social.
Educación: Se conocieron cotizaciones de la Universidad Estatal de Sonora (UES) para renovar su flotilla de transporte estudiantil, con presupuestos que superan los 2 millones de pesos.
Proveedores expuestos y burocracia administrativa
La brecha de seguridad no solo compromete al gobierno. Los documentos exponen cotizaciones completas de agencias automotrices (como Ford, Nissan, Chevrolet y Volkswagen) y, gravemente, datos bancarios de contratistas del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE) con cuentas en BBVA. Además, la filtración muestra el mecanismo burocrático conocido como “ping-pong” administrativo. En respuesta a una queja por indemnizaciones del transporte público (requisa 2018), Hacienda se deslinda de los retrasos operativos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aclarando que, aunque tienen la facultad de pago, la responsabilidad de gestionar los padrones de beneficiarios es enteramente de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR).
Conclusión: La fragilidad de la información confidencial
Más allá de los montos específicos, esta filtración subraya la extrema fragilidad de la infraestructura tecnológica del Estado de Sonora, especialmente en un momento en que irónicamente se buscaba un diagnóstico para mejorarla. La exposición de estrategias legales para pagar deudas millonarias y la ubicación de vehículos de seguridad blindados obliga a la administración a una revisión urgente y profunda, no solo de sus sistemas informáticos, sino de sus protocolos para el manejo de toda la información confidencial.