El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma para que la Secretaria de la Función Pública (SFP) se haga cargo de las contrataciones públicas de todo el Gobierno Federal.
Así como transferir, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la coordinación y conducción de las Unidades Administrativas y Finanzas de los entes de la Administración Pública Federal, con excepción de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y las empresas productivas del Estado (Pemex y CFE).
El documento que busca modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), estable que la política general de contrataciones públicas estará a cargo de la SFP, con lo cual adquiriría la facultad de participar en negociaciones comerciales.
Dicha facultad se trasladaría de la SHCP a la SFP, con la finalidad de participar en las negociaciones comerciales internacionales relacionadas con compras del sector público, coordinar las compras estratégicas y elaborar disposiciones que promuevan la participación de la proveeduría nacional.
“Esta facultad de consolidación de los procedimientos de compras gubernamentales regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, coadyuvaría a reforzar la eficiencia en el combate a la corrupción desde la SFP, al poder intervenir para garantizar las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad en la adquisición de bienes y servicios en la Administración Pública Federal”, enfatiza la iniciativa.
Mientras que se pretende transferir a la SFP la potestad que en la actualidad tiene Hacienda para nombrar a las personas titulares de las Unidades de Administración y Finanzas o equivalentes en todos los entes de la Administración Pública Federal.
“Con ello, se evitarán posibles actos de corrupción o colisión de servidores públicos que afecten la administración de los recursos públicos”, plasma el documento.
También se argumenta que dichos cambios permitirá homologar la actuación de la operación administrativa de las entidades paraestatales, con el objeto de que éstas atiendan la política de austeridad republicana y que el uso de los recursos públicos se ejerza de manera racional.
“Por ello, desde un enfoque más preventivo que correctivo, es fundamental que las Unidades de Administración y Finanzas sean conducidas y coordinadas por la propia SFP.
“Al erigirse como ente garante y rector de la política general en materia de contrataciones públicas, fortalecerá el acompañamiento y vigilancia del manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos en apego a los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez”, añade la propuesta de decreto.
Unir órganos
Por otro lado, la propuesta presidencial busca reducir la estructura de los Órganos Internos de Control (OIC) del Gobierno Federal, entes encargados de vigilar que se fiscalice el gasto, se evalúe la gestión pública y se prevengan actos de corrupción.
Ello al “cubrir con la infraestructura mínima indispensable las necesidades en la vigilancia, control y evaluación de la gestión pública”, por lo que el mandatario nacional propone que varios entes del Gobierno Federal compartan dichos organismos.
“De esta manera, la iniciativa desarrolla la posibilidad de agrupar a los Órganos Internos de Control por sector, material o especialización. Lo anterior, según mejores prácticas, armonización del ejercicio de la función, racionalidad y austeridad republicana, la independencia para la toma de decisiones objetivas e imparciales”, detalla.
La iniciativa, recibida la tarde de ayer en la Cámara de Diputados y que reforma 10 artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, fue turnada a la Comisión de Gobernación para su análisis.