El derrame tóxico de 2014 afectó a más de 20 mil personas y 288.8 kilómetros de la cuenca; la mandataria enfatiza que el Estado debe administrar los recursos para garantizar la correcta ejecución.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a la empresa Grupo México para que liquide el adeudo pendiente destinado a la reparación de los daños ambientales y sociales en la cuenca del Río Sonora.
Durante su conferencia matutina de este martes 17 de febrero, la mandataria precisó que, de los mil 500 millones de pesos comprometidos, la firma propiedad de Germán Larrea solo ha depositado una tercera parte.
“Tienen que depositar mil 500 millones de pesos; hasta ahora han depositado 500 millones, les faltan mil millones”, subrayó Sheinbaum Pardo.
La jefa del Ejecutivo advirtió que no hay prórrogas adicionales para el cumplimiento de esta obligación: “¡Tienen que hacerlo ya! Si no, se continúa con todos los procedimientos”.
Plan de justicia
La mandataria detalló que los 500 millones de pesos ya entregados se destinarán a la construcción del nuevo Hospital General de Ures, proceso que está por iniciar su etapa de licitación. Sin embargo, la realización del resto de las acciones de remediación técnica y de salud dependen del depósito de los mil millones de pesos restantes.
El proyecto integral de resarcimiento para los municipios afectados (Arizpe, Aconchi, Banámichi, Baviácora y Ures) incluye:
Infraestructura hídrica: Construcción de 16 plantas potabilizadoras, instalación de 16 sistemas de desinfección y rehabilitación de seis plantas existentes
Salud especializada: Creación de una unidad de monitoreo epidemiológico y un laboratorio especializado en la detección de metales pesados
Remediación ambiental: Estudios de sitios contaminados, remediación de suelos y monitoreo permanente de la calidad del agua superficial y subterránea por parte de la Conagua
Antecedentes de la tragedia
El derrame tóxico de 2014, provocado por la filial Buenavista del Cobre, vertió alrededor de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en el afluente, impactando 288.8 kilómetros de la cuenca y afectando directamente a más de 20 mil personas.
Sheinbaum Pardo enfatizó que el recurso debe ser administrado por el Estado para garantizar que las obras se ejecuten correctamente y no dejar la remediación en manos de la empresa.