SONORA.- Organizaciones sociales de Sonora se reorganizan para exigir justicia y luchar contra proyectos mineros. Entre las demandas de los colectivos reunidos en Hermosillo están la ejecución de las 67 sentencias pendientes contra la minera Penmont de la familia Bailleres; el accesos a la verdad y justicia para las madres de los desaparecidos; sindicalistas de Cananea; los Yaqui y el pueblo Tohono O’otham.
En el encuentro de movimientos sociales en Hermosillo, Sonora, los ejidatarios del ejido El Bajío presentaron la fundación El Bajío, plataforma para la defensa de la flora y la fauna del terreno ejidal que se ubica en el desierto entre los municipios de Caborca y Puerto Peñasco.
Durante la presentación de casos de violación grave a los derechos humanos, las organizaciones sociales acusaron a la exgobernadora Claudia Artemisa Pavlovich Arellano de corrupción, negligencia y omisión de funciones durante su mandato. Por lo que exigieron que se le investigue por crímenes de lesa humanidad. Mientras que la Guardia Tradicional de Loma de Bacún la acusa de crimen de Estado.
Las organizaciones llevaron su propia experiencia de lucha y demanda, por ejemplo, los del Comité de Cuenca de Río Sonora denunciaron la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi por la minera Buenavista de Cobre. Mientras que la Sección 65 del Sindicato Nacional Minero expuso su lucha que empezaron en 2007.
Representantes de diversos movimientos sociales de Sonora, que llegaron al Encuentro de Movimientos Sociales de Sonora, en Hermosillo los días 24, 25 y 26 de marzo, redactaron el documento “Nuestras demandas y exigencias ante el gobierno estatal y federal es el acceso a la justicia pronta y expedita”.
En su intervención, el abogado del ejido El Bajío, Sergio García exigió la ejecución de las 67 sentencias a favor del ejido el Bajío, pidió al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, que no intervenga en los asuntos internos del ejido el Bajío. Así como la investigación del caso de la desaparición y asesinato de cuatro ejidatarios: “El esclarecimiento de los asesinatos y de la desaparición forzada de nuestros compañeros y compañeras”.
En su conferencia magistral el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera, habló de la corrupción, el abuso y el hambre del poder. En la disertación de una hora el religioso dominico urgió a las organizaciones sociales hacer un solo frente para que la lucha social sea más robusta: “Ante el abuso de poder político y económico es urgente salir unidos para alcanzar la justicia. Solo no podemos, tenemos que trabajar juntos porque ellos tienen dinero para corromper las instituciones”.
El representante del pueblo Yaqui, en tanto, narró la lucha que libra la comunidad de Loma de Bacún contra el gasoducto en su territorio. “Nuestra lucha nos ha costado detenciones arbitraria por parte de la policía estatal por oponernos a su proyecto económico. Durante más de 500 años hemos defendido nuestro territorio sagrado de los invasores extranjeros que han querido exterminarnos”.
Las voces son distintas, pero la demanda es la misma, respeto a la autonomía del territorio indígena, el uso de la lengua materna en los tribunales agrarios y civiles, de acuerdo a los tratados internacionales que México ha firmado, como el el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El activista Jano Valenzuela presentó el caso del preso político Fidencio Aldama Pérez, detenido el 27 de octubre de 2016 por oponerse al gasoducto estadounidense Sempra Energy. “El caso del compañero Fidencio es a todas luces que es un preso político. A pesar que demostramos que se les violaron sus derechos al debido proceso hasta ahora continúa preso”.
Cuando terminó la participación de las organizaciones sociales, los organizadores se encerraron durante cuatro horas para redactar el pronunciamiento conjunto en el que exigieron que no se designe a la exgobernadora Claudia Artemisa Pavlovich Arellano como cónsul de México en Barcelona, España, y demandaron una investigación por corrupción, negligencia y omisión de funciones.
Así como la destitución de la Comisionada de Víctimas del estado de Sonora, para que sea reemplazada por una persona reconocida y postulada por las víctimas. “Para esto, las víctimas sean convocadas y sus propuestas sean vinculantes”.
Agrega el texto: “Exigimos la revisión de la Ley de Víctimas del estado y su homologación con el resto de los estados en materia de desaparición forzada así como tener un marco jurídico que permita el acceso a la justicia de las víctimas y la generación de planes de atención a estas con especial énfasis en las y los niños que han perdido a su padre o madre por desaparición forzada”.
“Exigimos la creación de una Fiscalía especializada en materia de desaparición forzada y contar con funcionarios especializados en esta materia y que la Fiscalía actual genere una base de datos de restos y cuerpos localizados y no identificados, así como contar con una Ley en materia de fosas comunes y contar con un laboratorio forense del estado Sonora el cual ha sido prometido desde el 2019. Exigimos seguridad en materia de búsquedas de nuestros familiares desaparecidos; localización e identificación de los restos óseos encontrados”, se lee en el documento.
En cuanto a la Ley Minera, urgieron que se elimine el carácter de utilidad pública y de actividad preferente para la minería: “La eliminación de los privilegios que tienen las empresas mineras en acceso a la tierra y el agua”.
En cuanto a la seguridad de defensores de derechos humanos y periodistas exigieron al gobierno federal el cese del ataque a los y las defensoras de derechos humanos, del territorio y de los y las periodistas. Investigación y castigo a los funcionarios relacionados en casos de corrupción y desaparición forzada.
Resarcir el daño ocasionado al Río Sonora por la minera Buenavista del Cobre, así como la reactivación del fideicomiso Río Sonora como mecanismo de remediación, con participación de todas las comunidades y los Comités de Cuenca de Río Sonora.