Sonora ya no verá lo duro, sino lo tupido.
De acuerdo a un análisis publicado en la revista Expansión, Sonora es uno de los 5 estados más endeudados a nivel nacional.
Y no solo eso, pues al arrastrar una deuda por arriba de los mil millones de pesos al 30 de junio de este año, su margen de maniobra se reduce en la víspera del final del sexenio.
“Tendrán (dichos estados) menor margen en sus finanzas públicas para enfrentar la crisis económica. Por ley, todas las administraciones deben dejar saldadas sus deudas de corto plazo tres meses antes del cambio de administración, y esta obligación les llega en el peor momento”, se diagnostica en Expansión.
Además de la entidad, entre los 15 estados que tendrán elecciones en 2021 que no tendrán la posibilidad de recurrir a préstamos para compensar la llegada de menores ingresos por transferencias federales, se encuentran Chihuahua, Michoacán, Nuevo León y Baja California.
Con menores índices, por debajo de los 600 mdp, están Zacatecas, San Luis Potosí, Baja California Sur y Sinaloa. Y Campeche, Tlaxcala y Querétaro no reportan deuda de este tipo.
“Veremos qué tanto pueden maniobrar las entidades para saldar sus deudas. El corto plazo es una deuda que no se respalda con ningún tipo de ingreso, mientras que las de largo plazo sí están respaldadas con transferencias futuras”, explica María del Carmen Martínez-Richa, analista senior de Moody’s.
Antes de la entrada en vigor de la reforma a la Ley de Disciplina Financiera, en abril de 2016, los gobernadores salientes solían adquirir muchos préstamos rumbo al cierre de su administración. Entonces, los nuevos gobernadores llegaban a una administración con deudas de corto plazo, recuerda César Velázquez, coordinador de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Iberoaméricana. La solución fue esta obligación de saldar las cuentas pendientes antes de nuevas elecciones.
Ahora, en plena crisis económica, y con el gobierno federal reduciendo las transferencias a los estados, esto será un problema, agrega el especialista. “En estos estados, los gobiernos no van a tener la posibilidad de recurrir a préstamos para compensar la llegada de menores ingresos por las transferencias federales, pues la misma ley prohíbe préstamos de corto plazo. Claramente, los estados con elecciones se verán afectados en sus ingresos, con las respectivas consecuencias para la población”.
La falta de ingresos en los estados y municipios tendrá consecuencias para la prestación y calidad de los servicios públicos, como el abastecimiento de agua, de electricidad, salud, educación y desarrollo social. Además, los 15 estados con elecciones perderán continuidad en la aplicación de varias de sus políticas, comenta Martínez-Richa, de Moody's, lo que puede dar lugar a “una situación compleja”.