Antes de organizar a los campesinos para solicitar la dotación del ejido El Bajío, Simón Santiago sembraba algodón en Chiapas. La promesa de Simón con sus hijos era que nunca iban a abandonar la tierra. Así lo hicieron, en 2016 la familia Santiago fue encarcelada por defender su territorio de la minera Penmont
Simón Santiago Morales emprendió el viaje a Ciudad de México el viernes 7 de enero, para pedirle al presidente de la República que ordene la ejecución de 67 sentencias que los ejidatarios consiguieron en los juicios agrarios en contra de la minera Penmont, de Alberto Baillères.
Desde que la minera Penmont de Alberto Baillères perdió en los juicios agrarios en 2014, los ejidatarios han sobrevivido en el desierto de Sonora, a pesar de la persecución política de Rafael Pavlovich, tío de la ex gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.
En 1971 Simón logró la dotación del ejido El Bajío, de inmediato se organizó con sus compañeros para trabajarlo, pero las condiciones de la tierra le impidieron cultivar las hortalizas como era el deseo de los campesinos migrantes antes de llegar a este lugar.
El ejidatario cuenta que llegó al ejido por invitación de un amigo de la familia: “Trabajaba en Baja California. Vine a Caborca con mis hijos y mi esposa, cuando me encontré con un amigo de nosotros, él me dijo que aquí hay reparto de tierra. Me aclaró que el ejido había sido entregado a los Yaquis, pero no se hallaron porque es desierto”.
Después de varias vueltas a Hermosillo, Sonora, los nuevos ejidatarios consiguieron el reconocimiento ante la procuraduría agraria. Sin embargo, no lograron poblar el ejido por las condiciones desérticas de la zona. Sin agua ni energía eléctrica, los campesinos migraron hacia San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco y Mexicali; eso sí, el ejido nunca se desintegró.
El primer comisario ejidal de El Bajío cuenta de cómo se integró el ejido: “Este amigo me dijo ‘si tú puedes completar los 77 compañeros, entonces cáigale para acá. Como somos varios compañeros nos pusimos de acuerdo, cuando completamos la cantidad que nos pedían, fuimos a la procuraduría para decirle que estamos completos”.
Simón Santiago Morales, Erasmo Santiago Santiago, Bartolo Santiago y Pedro Francisco Santiago nacieron en Santiago Tlazoyaltepec, Etla, Oaxaca donde vivieron hasta que emigraron a los campos agrícolas de Sonora, Baja California; Berta Alicia Meza Mendoza y su hermano vienen de Jalisco; Salvador Navarrete y Raúl Navarrete de la Paz esos son de Nayarit, los demás son de Choi y Costa Rica, Sinaloa.
Antes de organizar a los campesinos para solicitar la dotación del ejido El Bajío, Simón Santiago sembraba algodón en Chiapas. Cuando terminó el cultivo del textil, viajó con su familia a los campos agrícolas de Sinaloa.
De Sinaloa se fue a Baja California a sembrar rapini -alimento japonés- durante 12 años. Fue ahí donde supo sobre el ejido que le platicó su amigo. La promesa de Simón con sus hijos era vivir en El Bajío, que nunca iban abandonar la tierra. Así lo hicieron, en 2016 la familia Santiago fue encarcelada por defender su tierra.
En la primera asamblea que organizó la Procuraduría Agraria (PA) para formar un comisariado que represente al ejido, los asambleístas eligieron a Simón Santiago como comisario ejidal del ejido El Bajío, a partir de ahí, Santiago Morales inició las gestiones necesarias para que los vecinos tuvieran la luz y agua.
“Desde entonces nos organizamos y veníamos a cuidar el ejido, cooperamos para la comida de la gente que venía a veces, eran cinco o seis personas. Los otros compañeros se van a trabajar para comprar comida. La minera nunca nos pidió permiso, por eso los demandamos para que nos pagaran, se comprometieron a pagar, pero nunca nos pagaron, puras mentiras”, cuenta Simón Santiago.
La lucha de los ejidatarios empezó en 2007, cuando iniciaron una serie de juicios agrarios en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 28, en Hermosillo, Sonora. El entonces magistrado, Manuel Loya Valverde falló conforme a derecho en favor de El Bajío. Sin embargo, esta sentencia no ha sido ejecutada y no hay fecha de que se haga. Hasta ahora el TUA 28 ha tenido alrededor de 11 magistrados que no han estudiado a fondo el caso.
Estas son las causas que llevaron a los ejidatarios a viajar desde El Bajío a Ciudad de México para reclamar justicia para sus compañeros asesinados: Raúl Ibarra de la Paz, José de Jesús Robledo Cruz, María de Jesús Gómez Vega y la desaparición de Noemí Elizabeth López Gutiérrez. Así como, detención arbitraria de 12 campesinos por órdenes de la familia de la exgobernadora Claudia Pavlovich Arellano.