Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, defiende que las modificaciones buscan balancear el interés colectivo con el individual e integrar la tramitación electrónica del juicio de amparo, negando que tenga un fin recaudatorio o específico.
Ciudad de México, 15 de octubre de 2025.- El senador Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, ofreció un panorama sobre el propósito y la justificación de las recientes reformas a la Ley de Amparo, destacando dos pilares fundamentales: la modernización procesal y el balance de intereses.
El legislador rechazó categóricamente las acusaciones de que la reforma esté “dedicada” a un grupo o situación específica. “Se trata de una ley general, no tiene nombre, no tiene apellidos y es para cualquier persona que se encuentre en el supuesto genérico de la norma,” afirmó.
Inzunza Cázarez enfatizó el avance tecnológico que representa la reforma, al sentar las bases para la tramitación electrónica del juicio de amparo.
“Esto implica una ampliación del acceso a la justicia, porque se podrá llevar un juicio de amparo completo desde un teléfono o desde una terminal de computadora,” explicó, lo que facilitará el ejercicio de este recurso para toda la ciudadanía.
Respecto a las modificaciones en la figura de la suspensión, el senador señaló que la ley de amparo, desde su origen, ha admitido modulaciones y ajustes para responder a las problemáticas históricas de cada época.
En el contexto actual, citó como ejemplo los desafíos asociados al uso del sistema financiero para el blanqueo o lavado de dinero, problemáticas que no existían o no estaban valoradas al momento de emitirse las normas previas. La reforma, por lo tanto, busca generar un equilibrio entre el interés colectivo (como la seguridad pública y el combate a ilícitos) y el interés de cada persona en lo individual.
No es recaudatoria, sino instrumento de cumplimiento
Ante el cuestionamiento de si el cambio persigue fines recaudatorios, Inzunza Cázarez lo desmintió. En cambio, argumentó que la reforma dota de instrumentos a las instituciones para cumplir con una función constitucional: el cobro de créditos firmes.
Precisó que el foco está puesto en grandes contribuyentes que, según dijo, han encontrado “resquicios” en la ley actual que les permiten alargar de manera indefinida los procedimientos de cobro, incluso después de haber agotado sus garantías de audiencia. La reforma busca que los créditos firmes ya puedan ejecutarse, asegurando el cumplimiento de las contribuciones.
Finalmente, el senador reiteró que, a pesar de las controversias, la aplicación final y la última palabra sobre los alcances de la ley reformada residirán siempre en los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.