La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en una de sus primeras decisiones trascendentales en su nueva etapa, ha atraído el debate sobre la aplicación de la prisión preventiva justificada, una medida criticada por su uso desmedido en el sistema penal mexicano. El objetivo es frenar su uso como “pena encubierta” y reafirmar la presunción de inocencia.
Esta medida cautelar, que según el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) debe ser excepcional, en la práctica se ha vuelto la regla. Actualmente, más de 90 mil personas se encuentran encarceladas sin una sentencia firme, a menudo bajo órdenes judiciales que no han acreditado la necesidad real de cautela, basándose en meras sospechas o presunciones.
El estándar que la Corte busca establecer
Bajo la figura de la Facultad de Atracción 617/2025, el Pleno de la SCJN definirá un estándar judicial obligatorio que será decisivo para la libertad personal en el país:
Requisitos Mínimos y Comprobables: Se establecerá qué elementos de prueba específicos son indispensables para justificar la medida.
Supuestos de Improcedencia: Se delimitarán los escenarios, incluso en delitos graves, donde la prisión preventiva es desproporcionada.
Proporcionalidad y Presunción de Inocencia: Se definirá el peso que estos principios deben tener al momento de dictar la medida.
En esencia, la Corte determinará si el Estado puede seguir suspendiendo la libertad por mera precaución, o si debe demostrar con rigor y evidencia fehaciente el riesgo procesal (como peligro de fuga u obstrucción a la justicia) antes de ordenar el encarcelamiento de un individuo.
La resolución de la SCJN marcará un hito en la justicia penal, buscando un nuevo equilibrio entre la eficacia en la persecución del delito y la protección de los derechos fundamentales. El mensaje que busca transmitir es claro: la libertad no puede depender de la sospecha, y la prisión preventiva no puede operar como un sustituto del juicio o la sentencia. La decisión podría modificar la cultura judicial, obligando a los jueces a aplicar la medida cautelar con verdadera excepcionalidad y rigor constitucional.