El empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, ha solicitado al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la actualización de su deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), comprometiéndose a liquidarla “en menos de 10 días”. Este movimiento llega justo después de que el magnate se destapara como potencial candidato presidencial para 2030, sugiriendo una calculada estrategia para limpiar su imagen pública y consolidar un perfil de empresario responsable.
El anuncio se produjo durante su celebración de cumpleaños número 70 en un evento masivo y gratuito bajo el lema “Celebra los 70 del Tío Richie” en la Arena Ciudad de México, congregando a seguidores y empleados. Este escenario multitudinario sirvió de plataforma para el giro narrativo. “Queremos pagar,” declaró, “Hoy estamos publicando dos documentos: el primero un escrito de hace 10 días que le mandamos al SAT donde solicitamos que nos diga cuánto hay que pagar para poder liquidarlo en menos de 10 días”. El largo litigio fiscal, percibido como una dilación deliberada, parece culminar en un pago rápido, reorientando la percepción de resistencia a la de solvencia y voluntad política.
Simultáneamente, Grupo Salinas difundió en redes sociales una serie de documentos, incluida una carta anterior a la presidenta Sheinbaum. En estos, el empresario expone la disposición de su grupo para cubrir 7 mil 600 millones de pesos por resoluciones fiscales acumuladas desde 2006, señalando un pago previo de 2 mil 700 millones en octubre de 2022. La divulgación de esta correspondencia apunta a un esfuerzo por mostrar un historial de negociación y compromiso que, según la empresa, no fue respetado. Este acto de transparencia selectiva busca sentar las bases para la nueva narrativa: que el tiempo de litigio fue una batalla por un acuerdo justo, y no una simple evasión.
Según el texto, estos compromisos se habrían establecido en un acuerdo pactado con funcionarios del sexenio anterior, específicamente con el ex procurador fiscal y actual subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla. La empresa subraya que este pacto no fue respetado, utilizando este detalle para enmarcar el conflicto fiscal como una disputa de cumplimiento de acuerdos, y no como una simple negativa a pagar. Sin embargo, la cifra que el empresario está “dispuesto” a pagar contrasta fuertemente con las demandas del gobierno mexicano.
La cifra de 7 mil 600 millones de pesos queda significativamente lejos del monto real reclamado por el gobierno, incluso de la cantidad del crédito atribuida a cálculos del exprocurador que, según los mismos documentos divulgados por Grupo Salinas, ascienden a 15 mil 660 millones de pesos. El ofrecimiento actual de pago rápido, aunque mediático, parece estar diseñado para controlar la narrativa y minimizar el impacto político de la deuda real. Este juego de cifras en el ojo público maximiza el gesto de la “voluntad de pago” al tiempo que minimiza la cuantía.
Este cálculo político se vuelve más evidente al confrontarlo con los datos oficiales. De acuerdo con Grisel Galeano, actual procuradora fiscal de la Federación, las deudas totales por impago de impuestos de las empresas de Salinas Pliego ascienden a 74 mil millones de pesos. De esta monumental cifra, 48 mil millones de pesos están en la fase final de litigio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al ofrecer liquidar solo una fracción en 10 días, Salinas Pliego busca presentarse como el empresario que cumple, mientras estratégicamente aborda la parte de la deuda que le permite un triunfo de relaciones públicas de cara a su reciente destape presidencial para 2030.