Hermosillo— Los secretarios José Jesús Campillo García y Carlos Manuel Villalobos Organista, en el sexenio de Guillermo Padrés, fueron advertidos que sus sendas órdenes de aprehensión de 2016 fueron reactivadas y en ejecución.
Campillo y Villalobos, otrora titulares de las secretarías de Salud y Hacienda, fueron encontrados presuntos responsables de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades, bajo la causa penal AP/ PGR/ SON/ FISC/ 092/ 2016.
La averiguación previa, en poder de Mil Noticias MX, revela que los señalados no reintegraron o comprobaron gastos por 9 millones 513 mil 074 pesos con 86 centavos.
Este par de exservidores públicos (2009-2015) se valieron de la supuesta complicidad de otros cuatro funcionarios: Salvador Valenzuela Guerra, Francisco Barragán Guerra, Eduardo Antonio Moreno Duran y Francisco Edmundo Munguía Varela.
Las seis órdenes de aprehensión se derivaron de la denuncia signada por Itzel Vargas Robledo, entonces subdirectora ejecutiva de lo contencioso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris.
Presuntamente, los exsecretarios y cómplices “incumplieron (a nombre) del Estado de Sonora con su obligación de reintegrar los recursos ejercidos y/o comprobados, así como por los rendimientos financieros generados por una cuenta productiva de Cofepris, por el orden de los 9, 513, 074 pesos y 86 centavos”.
Es de mencionar, que esta documentación enviada a la sala de redacción de Mil Noticias Mx, consigna que este y otros casos contra servidores padresistas fueron “reactivadas” supuestamente por orden y manipulación del exdelegado de FGR en Sonora, Darío Figueroa. El actual encargado de despacho de la delegación sonorense, Daniel Valdez, estuvo a cargo de integrar esta y otras averiguaciones.
Expedientes abiertos
Carlos Villalobos Organista
El exsecretario de Hacienda, Carlos Manuel Villalobos Organista, le “confiscaron” al menos cinco propiedades con valor total de 57.2 millones de pesos.
Es de los exfuncionarios sancionados, por la Contraloría estatal, de mayor rango en la administración de Padrés: Fue inhabilitado por 10 años para el ejercicio público con sanción económica de 2 mil 782 millones pesos.
Se le endilga: Abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, extorsión, operación con recurso de procedencia dudosa, uso indebido de atribuciones y facultades.
El 29 de diciembre de 2017 fue liberado por la Corte del Distrito de Arizona, en Estados Unidos, tras pagar una fianza de 20 mil dólares y pasar ocho meses detenido allá en la Unión Americana.
Tras su excarcelación arribó a Méxio y un amparo lo salvó de ser detenido.
Bernardo Campillo
El 18 de enero de 2019, el exsecretario de Salud, fue liberado a escondidas de los medios de comunicación después de su aprehensión del primero de enero de aquel año en Durango.
Como agencia Apro informó el 2 de enero anterior la detención del excolaborador de Padrés registrada en Guadalupe Victoria, Durango, solo duraría apenas unos días u hora porque el presunto delito imputado es considerado “no grave”.
“De ser encontrado culpable puede hacerse merecedor a una sentencia de 2 meses a 6 años de prisión”, detallaba el informe oficial enviado por el gobierno sonorense y tras la liberación guardó silencio el Ejecutivo.
En la cadena de ilícitos achacados al exfuncionario de Padrés están el desvío de recursos públicos, contratación de “aviadores” y el descuido al Hospital General del Estado.
El primero de los eslabones delicuenciales se registró el 14 de abril de 2015 cuando aún se encontraba en funciones y fue denunciado penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto desvío de 250 millones de pesos, peculado, tráfico de influencias y asociación delictuosa.
Paralelamente, se inició el proceso administrativo 614/10 ante la Contraloría General del Estado (CGE) por la supuesta contratación de 108 “aviadores” al servicio del Sindicato Federal, Sección 43, que dirigía en ese entonces, Mario Villalobos García.
El 3 de noviembre de 2016 fue boletinado con “ficha azul” por parte de la Interpol supuestamente porque durante su administración al frente de la Secretaría de Salud estatal se detectó el presunto desvío de recursos públicos por un monto superior a los dos mil 376 millones de pesos en recursos federales y estatales.