Mientras Hermosillo acumulaba fugas, tuberías deterioradas y rezagos en infraestructura básica, en 2018 los regidores de la administración de Manuel Ignacio “Maloro” Acosta aprobaron un convenio que contemplaba una participación municipal de aproximadamente 21.5 millones de pesos para una obra acordada con Misión Veintiuno, desarrolladora de Las Riberas.
El proyecto fue anunciado en 43 millones de pesos e incluía entronque, boulevard y un paso inferior bajo las vías del ferrocarril para conectar Enrique Mazón López con calle Salamanca. El 13 de julio de 2018, el Cabildo aprobó el convenio por 20 votos a favor y una abstención.
La entonces alcaldesa interina de Maloro, Angelina Muñoz, informó que el Ayuntamiento participaría con la mitad del proyecto mediante créditos fiscales, alrededor de 21.5 millones de pesos, mientras Misión Veintiuno construiría la obra. No necesariamente se trató de entregar ese dinero en efectivo, pero sí de un beneficio fiscal con valor económico para la desarrolladora.
Y ahí está lo difícil de justificar. Si había 21 millones de pesos de capacidad fiscal para apoyar infraestructura, ¿era prioridad destinarlos a una obra convenida con la desarrolladora de Las Riberas? Hoy Hermosillo paga las consecuencias de una red hidráulica deteriorada, con fugas, rupturas y socavones. Es legítimo preguntarse cuánto habrían ayudado esos mismos recursos invertidos en renovar tuberías e infraestructura básica.
Además, Misión Veintiuno difícilmente puede presentarse como un desarrollador que necesitara ayuda pública para hacer viable un pequeño proyecto. Detrás de Las Riberas aparecen algunos de los empresarios y grupos económicos más poderosos de Hermosillo. Precisamente por eso resulta todavía más cuestionable que el Ayuntamiento decidiera conceder un beneficio fiscal millonario para una obra vinculada con el desarrollo de una zona residencial de alto valor.
Si una desarrolladora con enorme capacidad económica necesitaba esa infraestructura para mejorar la conectividad de la zona donde desarrollaba y vendía terrenos y residencias, ¿por qué los hermosillenses tenían que absorber alrededor de la mitad mediante créditos fiscales?
Y la coincidencia de fechas merece atención. Apenas cinco meses antes, Misión Veintiuno había solicitado nuevas autorizaciones para Villa Alicanto y Villa Fraterna, secciones de Las Riberas. Meses después, el Ayuntamiento aprobaba con esa misma empresa el proyecto de 43 millones para conectar Salamanca con Mazón López.
Todavía falta conocer el convenio final íntegro para determinar si fue más de los 21.5 millones en créditos fiscales que realmente se ejercieron y cuánto terminó pagando Misión Veintiuno. Ese dato debe transparentarse.
Pero la decisión política sí quedó registrada: 20 votos aprobaron el convenio.
Ocho años después, cuando una fuga abre una calle, aparece un socavón o una colonia vuelve a quedarse sin agua, vale la pena recordar que los recursos públicos también son cuestión de prioridades.
Los 21 millones que se destinan a beneficiar fiscalmente una obra de lujo son 21 millones que ya no están disponibles para renovar las tuberías debajo de nuestros pies.
Tomado de Daniel Healy El Reportero H