Malos cálculos en la disponibilidad de agua de 106 acuíferos dejan un boquete de 559 millones de pesos en la recaudación de recursos por el pago de derechos sobre el vital líquido en el norte del país. Los beneficiarios son los principales empresarios de aquella región, revelan datos internos de la Conagua. El desfalco, por alteraciones en las fórmulas de medición de agua que se realizaron en la administración de Peña Nieto
Malos cálculos en la medición de 106 acuíferos –de los 653 que hay en el país– generan pérdidas en la recaudación del pago de derechos por este vital líquido, por más de 559 millones de pesos. Lo anterior, debido a errores heredados de la administración anterior que no han sido corregidos, de acuerdo con un análisis interno de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al que tuvo acceso Contralínea.
Y es que en las tres últimas publicaciones de disponibilidad de agua subterránea en el Diario Oficial de la Federación –2018, 2019 y 2020– se observan diferencias en las variables técnicas y administrativas de los mantos freáticos que se encuentran en veda o ya no cuentan con disponibilidad de agua. “Estos cambios son carentes de soporte dado que la Conagua no ha realizado estudios recientes que permitan modificar los valores que sustentan dichas publicaciones”, advierte el análisis interno sobre este problema.
De ello se desprende que los 106 acuíferos presentan una situación donde, de acuerdo con el Índice de Disponibilidad (IDAS), al 4 de enero de 2018 “deberían estar en una zona publicada en el Diario Oficial de la Federación del 29 de marzo de 2019, lo cual representa un 16.23 por ciento del total de acuíferos en el país”.
El total de volumen concesionado de estos 106 acuíferos para el uso industrial es de 11.7 millones de metros cúbicos anuales, y para el uso de servicios es de 46.2 millones de metros cúbicos anuales; un total de 57.9 millones de metros cúbicos al año. Los cálculos de la Conagua indican que la recaudación para el uso industrial debería ser de 55.7 millones de pesos, y para los servicios es de 208.6 millones de pesos; lo que significa 264 millones de pesos.
Sin embargo, tomando en cuenta los datos de la publicación de la Disponibilidad Media Anual del 4 de enero de 2018 para calcular el IDAS y definir las tarifas para cada uso en cada acuífero, “se calcula una tarifa de 166.9 millones de pesos para el uso industrial, y 656.4 millones para el uso de servicios, dando un total de 823.4 millones de pesos de posible recaudación, lo cual brinda una diferencia de 559 millones de pesos que no se están recaudando por la utilización de datos no actualizados”, señala el informe.
Nuevas mediciones hasta 2023
“Nosotros, como servidores públicos, nos estamos enfrentando a un sistema económico neoliberal que ya lleva muchos años, en donde efectivamente estamos frente a una dilución de la presencia del Estado y donde se predominaban los interese privados por encima de las necesidades que tienen las personas”, dice Alejandra Icela Martínez Rodríguez, subdirectora general de Administración de la Conagua.
En entrevista con Contralínea, la funcionaria de Conagua explica que “la Ley de Aguas Nacionales establece en su artículo 22 que la disponibilidad media anual de aguas nacionales se revisará al menos cada tres años. En concreto las últimas publicaciones de la disponibilidad media anual, tanto de cuencas como de acuíferos se realizaron en septiembre de 2020, en tanto la penúltima revisión de acuíferos fue en 2018 y la de cuencas en 2016”.
Ahora bien, añade, tanto en cuencas como acuíferos –ya sea por factores hidrológicos, técnicos, administrativos y ambientales– “la disponibilidad media anual puede aumentar (y por ende asociarse a una cuota de derechos menor) o disminuir (y por ende asociarse a una cuota de derechos mayor). Cabe señalar, que la zona de disponibilidad aplica parejo para todos los usos del agua, sin distinción alguna”.
Efectivamente, dice, la Conagua está iniciando trabajos para que en 2023 se vuelva a publicar una nueva disponibilidad media anual, lo que la ley nos indica es que debe hacerse cada tres años.
Urge corregir el rumbo
Para Fermín Reygadas Robles- Gil, cofundador y director ejecutivo de Cántaro Azul, es muy relevante saber cómo funciona el sistema de concesiones, particularmente para aguas subterráneas. La cuota más alta, explica, es para el uso industrial; después viene un usuario relevante que es el de los servicios públicos urbanos, “pero es significativamente menor al del uso industria; en general, el uso agrícola no paga por la cantidad de agua utilizada sino más bien por tramitar su concesión”.
La tarifa, expone, está distribuida en cuatro zonas y esas dependen del nivel de estrés hídrico que pueda tener el agua subterránea o el acuífero. Entonces, en un acuífero donde la sobreexplotación es muy alta la cuota: de casi 23 pesos por metro cúbico de agua utilizada, lo similar a un tinaco de 1 mil litros. Mientras, en una zona donde no hay sobreexplotación, baja significativamente hasta 2.24 pesos, que es el cobro más bajo.
Doctorado del Grupo de Energía y Recursos de la Universidad de Berkeley, California, Fermín Reygadas señala que de manera irregular sucede que las decisiones que se toman para caracterizar las recargas de los acuíferos, “muchas veces son arbitrarias y suceden en escritorio porque se crean modelos que delimitan los más de 600 acuíferos del país y que caracterizaron su disponibilidad media anual.
“La mayoría de los acuíferos se han ido sobreexplotando desde entonces. Existen estudios que se hacen para caracterizar la disponibilidad de agua, pero estos tendrían que estar sustentados con evidencia en campo, midiendo de manera más clara cuál es la infiltración, que las concesiones estén extrayendo lo que les tienen permitido y no más porque en la gran mayoría de los casos, las empresas reportan cuánto están utilizando, no es que exista un medidor y que nos dé certeza de cuánto se está usando. Lo que se sabe en el país es que se saca mucho más agua de la que entra en estas fórmulas de la disponibilidad”, critica.
Nuevo León y Chihuahua
Ejemplo de lo que ocurre con la “mala” medición de acuíferos es lo que ocurre en la Cuenca del Río Bravo, donde en los últimos meses se ha registrado una grave crisis por la escasez de agua a la ciudadanía, un importante número de contribuyentes de uso industrial, servicios y público urbano, se han visto “beneficiados” con el cambio de disponibilidad media anual (DMA) “de forma inusitada”.
Tal es el caso del acuífero 1924 El Carmen-Salinas Victoria, Nuevo León, donde la DMA en 2018 era de -18.768666, y en 2019 cambió a -0.851160 millones de metros cúbicos. Con estas variaciones, el acuífero cambió de zona uno de disponibilidad a zona dos en 2019 resultando en una disminución de recaudación de 22.86 pesos a 8.85 pesos por metro cúbico. Así, la reducción de la cuota es del orden de -61.3 por ciento para usos industrial, agroindustrial y servicios y del 54.7 por ciento en público urbano por el simple cambio de disponibilidad publicada”, expone.
Considerando que el acuífero 1924 tiene concesionados para el uso en servicios e industrial un total de 9 millones 592 mil 500.76 metros cúbicos, el quebranto en la recaudación es de 134 millones 402 mil 446.64 pesos al año, precisa la información interna.
Sin embargo, la funcionaria de Conagua indica que en este acuífero “no hay cambio de zona de disponibilidad, puesto que de 2014 a 2022 tiene una zona de disponibilidad dos, conforme al artículo 231 de la Ley Federal de Derechos.
Mientras, en el acuífero 805 Cuauhtémoc, Chihuahua, uno de los más sobreexplotados de la entidad, dada su alta actividad agrícola, agroindustrial e industrial. Al comparar las publicaciones de disponibilidad de 2015 y la de 2018 se observa un aumento “no creíble en la recarga con lo cual el acuífero que se ubicaba en zona uno de disponibilidad, pasó a ser zona dos”.
Las observaciones de la Conagua indican que “no existe un programa implementado con una serie de acciones de alto impacto efectuadas en el acuífero para lograr su recuperación en el lapso de tres años que resulte en el incremento de la recarga de 115.2 millones de metros cúbicos en el año 2015 a un nivel excepcional de 299.4 millones de metros cúbicos en 2018”.
En el caso del acuífero Cuauhtémoc, ubicado en Chihuahua, la subdirectora General de Administración asegura que éste “tuvo un cambio de zona de disponibilidad ya que de 2014 a 2018 fue zona uno y desde 2019 es zona dos, lo anterior debido a que conforme a las últimas publicaciones de la disponibilidad media anual de 2018 y 2020 este acuífero tiene mayores volúmenes de recarga en comparación con revisiones anteriores lo que provoca que exista mayor disponibilidad de agua, y que la cuota de derechos a pagar sea menor en comparación con otros años”.
Los 17 acuíferos con mayores cambios
Datos de la Conagua dan cuenta que entre los 653 acuíferos del país, 17 de ellos han presentado mayores cambios de disponibilidad, de 2015 a 2020, de acuerdo con las publicaciones del DOF; éstos se encuentran en Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Guanajuato y Chiapas. De la región Hidrológico Administrativa Noreste II, Sonora, acuífero Valle de San Luis Río Colorado, pasó de una disponibilidad de 41.53 a 93.
De la cuenca VI Río Bravo, en Chihuahua, se encuentran ocho acuíferos con variación en la disponibilidad de agua: La Laguna de Tarabillas, Laguna de Santa María, Laguna La Vieja, Laguna de Hormigas, Bocoyna, Carichi-Nonoava, Los Juncos y Laguna de Palomas.
En Monterrey, el registro se encuentra en el área metropolitana de Monterrey y la Zona Citrícola Norte, donde desde hace algunos meses hay escasez de agua y el gobierno federal ha tenido que instrumentar un plan de inversión por arriba de los 10 mil millones de pesos.
Coahuila, con diferencias de medición en el acuífero General Cepeda-Sauceda; en Guanajuato, Silao-Romita, Valle de Acámbaro, Irapuato-Valle, y Ciénega Prieta-Moroleón. En tanto, en Chiapas, se encuentra el acuífero del Soconusco.