Exigen a la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, una explicación específica del por qué durante casi 60 días permanecerá en Internet, sin contraseñas, datos personales de 830 mil funcionarios públicos.
La vicepresidenta de la Mesa Directiva, Dulce Sauri Riancho dijo que el Gobierno de la República ha hecho del combate a la corrupción, una de sus principales políticas y compromisos, pero tiene la obligación de no poner en riesgo la vida, el patrimonio y los datos personales de estos servidores públicos, información que, por ley, debe estar protegida.
Explicó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales investigó el daño a la información confidencial, pero existe una agravante de los hechos, porque la Secretaría de la Función Pública notificó al INAI del incidente de seguridad hasta el 10 de julio, es decir diez días después de que lo detecte, cuando la norma indica que debe avisar máximo en 72 horas.
La legislación detallada que la información vulnerada estuvo disponible en internet del seis de mayo y hasta el 30 de junio de 2020. Son datos personales clasificados, contienen los ingresos netos de los declarantes; bienes inmuebles y vehículos declarados; adeudos, pasivos y créditos financieros vigentes; además de datos generales como números telefónicos, direcciones de domicilios particulares, CURP y RFC.
La SFP dejó las declaraciones patrimoniales de 830 mil funcionarios públicos a la vista de cualquiera y de acuerdo a especialistas, la información puede ser utilizada en robo de identidad y poner en riesgo la vida de los trabajadores al servicio del Estado.
Sauri Riancho también exigió que la SFP rinda un informe al Poder Legislativo del alcance de esta exposición de datos, contenidos en las declaraciones patrimoniales; qué medidas correctivas y preventivas se toman para evitar que los confidenciales se vulneren; lo que es el estado de cumplimiento de las declaraciones de situación patrimonial al 31 de julio de 2020, de los servidores públicos de la federación, obligados a presentarlas, en el marco de la pandemia del Covid-19 y cómo van a prevenir que las declaraciones faltantes no sean exhibidas.