Los ocho pueblos yaquis de Sonora (Vícam Pueblo y Pótam, primera y segunda cabecera, respectivamente; Tórim, Ráhum, Huírivis, Loma de Bácum, Bélem y Cócorit) aprobaron el proyecto para construir un acueducto que dotará de agua sus comunidades, luego de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizó una consulta el pasado 12 y 13 de marzo.
Los secretarios de los pueblos yaquis, quienes se encargan de traducir e informar sobre las decisiones de sus instituciones, expresaron la aprobación a las autoridades federales para que se realice el proyecto, de acuerdo con un comunicado de la Presidencia de la República.
Desde 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había invalidado la operación del Acueducto Independencia, mayor obra de infraestructura en gobierno de Guillermo Padrés (2009-2015), y que extraía el agua que le correspondía a las comunidades yaquis. Sin embargo, esa obra siguió su operación y no se respetó la obligación de garantizar el derecho al agua de las comunidades, por lo que realizaron diversas protestas desde entonces.
El documento de Acuerdos por la Justicia del Pueblo Yaqui contempla la solución a este conflicto, de modo que el acueducto tenga su propia planta potabilizadora, desde la presa “El Oviachic”, al centro de la entidad, hasta la comunidad de las Guásimas, al suroeste, cerca de la costa del Pacífico, para resolver el problema de agua de uso doméstico.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) vigilará que se cumplan las normas y leyes ambientales vigentes. Por lo que con la aprobación del proyecto podrá avanzar con los trabajos administrativos para emitir la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Adicionalmente, la dependencia reafirmó su compromiso para garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental y las medidas de prevención, mitigación, restauración y compensación para avanzar en la construcción del acueducto.
“Para esta dependencia, la implementación de la consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada constituye un proceso de diálogo y de construcción de acuerdos, que ratifica el trabajo conjunto y respetuoso de las partes involucradas”, apuntó.
Además, la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob) se desempeñará como órgano garante. Mientras que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) fungirá como órgano técnico.
La Conagua continuará con los trabajos administrativos y las solicitudes de autorización ante diferentes instancias. También se decidió que un organismo comunitario, definido por los pueblos yaquis, se encargará de garantizar el derecho colectivo al agua.
Aunado a ello, la Segob resaltó que garantizó el derecho de los pueblos yaquis a la información que comprende la obra y a deliberar internamente sobre su conveniencia; respetó sus normas internas para expresar su consentimiento de manera libre para acceder a un derecho humano fundamental que “les fue negado” por varios años.
Por su parte, la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos subrayó que el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui “es una medida para resarcir la deuda histórica y reivindicar sus derechos en materia de agua, territorio y desarrollo integral”.
Antes de la aprobación del proyecto, las instituciones organizaron una etapa informativa y deliberativa en la que participó personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como observadores.
La Semarnat proporcionó información sobre el proyecto y respondió las dudas de las comunidades. Igualmente, la Conagua presentó las características y detalles técnicos sobre el acueducto a las autoridades de los pueblos.
Por último, el gobierno federal destacó que desde 2020 se hicieron 30 mesas de trabajo en las que se firmaron actas entre dependencias gubernamentales y autoridades yaquis.