La Ley que prohibirá al Gobernador del Estado otorgar pensiones que no cumplan con los requisitos legales fue aprobada por el Pleno del Congreso, para terminar con abusos cometidos por anteriores gobernadores que otorgaron pensiones vitalicias a personas que en su mayoría no cumplían con lo que establece la Ley para ser beneficiados.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presentó el dictamen con proyecto de Ley que adiciona una fracción XIV al Artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Sonora, disposición que se refiere a lo que le está prohibido al titular del Poder Ejecutivo estatal, por lo que la adición dice: “Otorgar pensiones que no cumplan con los requisitos previstos en la Ley”.
El diputado Jacobo Mendoza Ruiz, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, dio lectura al dictamen que se elaboró con base a una iniciativa que el Gobernador del Estado presentó ante esta Soberanía el 28 de octubre de 2021 y en la cual argumenta lo siguiente:
Una vez que concluye la vida productiva de una persona, tiene derecho a gozar de una pensión que le permita vivir en la tranquilidad, este derecho se encuentra establecido en la mayoría de las legislaciones de las entidades federativas, estableciendo los requisitos y montos para acceder a ellas.
Por eso es que resulta injusto que existan acciones de funcionarios públicos que de manera discrecional o sin atribuciones tomen ese derecho en sus manos y otorguen pensiones a personas que no cumplen con los requisitos de Ley para obtener este beneficio.
La dictaminadora consideró que con esta prohibición que se pretende establecer en la Constitución local, se garantizará que, en lo sucesivo, no se afecte por una indebida decisión unilateral del Ejecutivo, el sistema de seguridad social que tanto esfuerzo y recursos le ha costado construir a las y los servidores públicos del Estado.
Una de las consideraciones del dictamen establece que, a pesar de las disposiciones preventivas, tanto en la Constitución Federal como en la Ley del ISSSTESON, no existe una protección legal completa a los recursos que forman parte del fondo y del sistema para el otorgamiento de pensiones, que deben ser en beneficio exclusivo de las y los trabajadores que con sus propios recursos coadyuvan al sostenimiento de dicho sistema, para poder disfrutar de sus frutos cuando llegue el momento de retirarse.
Agrega que aún hay lugar a interpretaciones dolosas que han permitido el otorgamiento indebido de pensiones a personas que no cumplen con los requisitos para obtener una pensión con cargo a los recursos que aportan los servidores públicos en activo, pues en palabras del actual Gobernador del Estado, “nos encontramos gobernadores anteriores que abusaron de la confianza que les otorgó la ciudadanía y emitieron decretos para otorgar pensiones vitalicias a personas que en su mayoría no cumplían con los requisitos legales para ser beneficiados”.
La Ley será enviada a los 72 ayuntamientos para su aprobación o rechazo, en su caso, por lo que una vez aprobada por la mitad más uno de los cabildos, será enviada a publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado para su entrada en vigor.
Turnan iniciativas a comisiones y presentan posicionamiento
En esta sesión ordinaria se presentaron tres iniciativas, una con proyecto de ley y dos con proyecto de decreto, las cuales fueron turnadas por la Presidencia a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Justicia y Derechos Humanos, y de Pesca y Acuacultura, respectivamente.
La primera de estas es un proyecto de ley que reforma el Artículo 97, párrafos tercero, cuarto y quinto de la Constitución Política del Estado de Sonora, para que quede establecido que la Fiscalía General de Justicia del Estado contará, además de las fiscalías en materia de delitos electorales y anticorrupción, con una fiscalía que atienda los casos de tortura.
A nombre de las y los integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, la diputada Rosa Elena Trujillo Llanes expuso que este Poder Legislativo ha incurrido en una omisión absoluta al no haber creado la fiscalía especializada en delito de tortura en la Constitución local o en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, organismo que también omitió crear el reglamento interior de la fiscalía y una unidad encargada de investigar los casos, señaló.
Agregó que en la Ley Orgánica de la FGJE solo se prevé, en el Artículo 63, fracción VI, que es obligación del personal de la Fiscalía General, impedir por los medios que tuvieren a su alcance y en el ámbito de sus atribuciones, que se infrinjan, toleren o permitan actos de tortura física, psicológica u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La segunda iniciativa se refiere a un proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código de Familia para el Estado de Sonora, en materia de divorcio incausado, que fue presentada por la diputada Margarita Vélez De la Rocha, integrante del grupo parlamentario de MORENA, quien propuso adecuar dicho marco jurídico a los criterios formulados tanto por organismos internacionales como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Indicó que esa forma de divorcio fue establecida en el siglo XIX, concretada con la Ley del Divorcio, promulgada en 1915 por el presidente Venustiano Carranza, la cual, a pesar de ser una reforma progresista en su tiempo, su vigencia se prolongó por casi cien años y a la fecha resulta inaplicable debido al cambio en la sociedad mexicana.
Esto trajo una consecuencia jurídica con un nuevo criterio emitido por la SCJN, que marcó como determinante la protección y respeto al valor fundamental de la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad, y dejó en claro que el Estado tiene prohibido intervenir en la elección de los individuos respecto a su estado civil, dijo, por lo que es inconstitucional condicionar la acreditación de causales para otorgar el divorcio cuando no existe mutuo consentimiento de los contrayentes.
La tercera iniciativa presentada tiene por objeto dar plena garantía del acceso al esquema de seguridad social integral que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social para las y los pescadores sonorenses, dio a conocer el diputado Ernesto Roger Munro Junior, a nombre del grupo parlamentario del Partido Encuentro Solidario.
Sostuvo que el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de pesca y acuacultura para el Estado de Sonora busca que, desde el ámbito local, se accione de manera conjunta con la legislación federal en la materia, para garantizar a las y los pescadores bienestar y los derechos que les corresponden.
“Se trata de atender a las y los pescadores y a sus respectivas familias en vida, en el aquí y en el ahora, y no esperar como sucedía anteriormente, a que desgraciadamente sufran algún accidente o percance para darles lo que por derecho les corresponde”, expresó.
No permitirán más abusos en materia laboral, señaló, ni contratos de seis meses para que los den de baja por medio de extorsiones y con renuncias anticipadas para no cumplir con la obligación de garantizar la seguridad social, pues la Ley del IMSS es muy clara en el tema y lo que se hace actualmente es ilegal y contraviene los derechos laborales de las y los sonorenses que dedican su vida a la pesca.
Antes de clausurar la sesión y citar para la próxima este jueves 10 de noviembre, a las 10:00 horas, la diputada Elia Sahara Sallard Hernández, integrante del grupo parlamentario de MORENA, presentó un posicionamiento en relación con “Noviembre, mes de la vivienda”, en el cual destacó es de suma importancia coadyuvar en los objetivos específicos en materia de vivienda aplicable para el Estado de Sonora.
La idea es que los esfuerzos sean coordinados, dijo, para hacer posible el pleno cumplimiento de la garantía establecida en el Artículo 4° Constitucional, a través del impulso para la asignación presupuestal para la creación de programas de vivienda que permitan que mejore la calidad de vida de los sonorenses, principalmente en condición de vulnerabilidad y con perspectiva de género.