Un organismo operador de agua existe para cumplir una misión muy clara: garantizar el derecho humano al agua. Esa obligación debería estar por encima de cualquier otra consideración, porque sin agua no hay salud, no hay higiene y, en casos extremos, no hay vida.
Sin embargo, la Junta de Gobierno de Agua de Hermosillo dedicó parte de una de sus sesiones a discutir un convenio para reubicar pozos e infraestructura que se encontraban dentro del fraccionamiento Las Riberas, un desarrollo privado de alto poder adquisitivo.
Durante la exposición, el entonces director de Operación explicó cuál era el beneficio para el desarrollador:
“Ellos requieren mucha seguridad dentro del fraccionamiento, entonces no quieren que personal externo… entre dentro de las instalaciones.”
Después, el entonces director general, Renato Ulloa Valdez, añadió una explicación todavía más reveladora:
“Es un fraccionamiento bardeado de muy alto poder adquisitivo… no quieren que estemos entrando… y a ellos les baja el poder adquisitivo.”
Nadie discute que un fraccionamiento privado pueda buscar mayor seguridad o desear menos tránsito de maquinaria y trabajadores. Es una aspiración comprensible para cualquier desarrollo residencial.
Lo que sí merece debatirse es el orden de las prioridades de un organismo público.
Mientras miles de familias en Hermosillo enfrentaban problemas de abastecimiento, tandeos y una infraestructura cada vez más frágil, la Junta de Gobierno analizaba cómo reubicar pozos para reducir las molestias que ocasionaba la operación de Agua de Hermosillo dentro de un fraccionamiento exclusivo.
¿Debía ser una prioridad para la máxima autoridad del organismo discutir cómo evitar que el ingreso de trabajadores y maquinaria afectara el entorno de un fraccionamiento de lujo, cuando había colonias donde la preocupación cotidiana era mucho más elemental: simplemente abrir la llave y que saliera agua?
Las decisiones públicas también comunican prioridades.
Cuando en una sesión oficial aparece como argumento que la presencia de personal de Agua de Hermosillo puede afectar el “poder adquisitivo” de un fraccionamiento, es inevitable preguntarse si las necesidades de toda la ciudad estaban ocupando el primer lugar en la agenda.
El derecho humano al agua exige un principio sencillo: primero garantizar agua suficiente para todos los ciudadanos. Después, atender cualquier otro asunto, incluida la reubicación de infraestructura para reducir molestias a un desarrollo privado.
Porque la misión de Agua de Hermosillo no es proteger el valor de las propiedades de un fraccionamiento. Su misión es garantizar que ningún hermosillense tenga que preocuparse por algo tan básico como tener agua para beber, cocinar y vivir.
Tomado de Daniel Healy reportero H