¡Más dinero, menos justicia? Pese a rezago y ‘cifra negra’ récord, Poder Judicial de Sonora exige 16% más de presupuesto
Hermosillo, Sonora. El Poder Judicial de Sonora ha solicitado al Congreso del Estado un incremento presupuestal del 16% para el ejercicio fiscal 2026, lo que representa una cifra de 2 mil 123 millones 38 mil 877 pesos con 92 centavos, un aumento de más de 293 millones de pesos respecto al año anterior. La principal justificación, según el magistrado presidente Rafael Acuña Griego, es cubrir nóminas, gasto operativo y sentar las bases para la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, además de atender el rezago en infraestructura como la ampliación del archivo judicial.
El Reto de la Justicia en Cifras
No obstante, la solicitud de un aumento significativo genera la pregunta sobre si el alza en el presupuesto se traduce en una mejora tangible y eficiente en la impartición de justicia para la ciudadanía sonorense, cuyos indicadores clave aún muestran desafíos estructurales.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI 2024, que refleja datos de 2023, la confianza ciudadana y la eficacia en la procuración de justicia enfrentan serios problemas:
Sonora registró una cifra negra del 95.4% de los delitos cometidos, lo que significa que en la gran mayoría de los casos no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación. Este porcentaje es alarmante, pues indica una profunda desconfianza en las instituciones.
Del escaso 6.6% de delitos que sí se denunciaron, solo en el 70% de los casos el Ministerio Público o Fiscalía estatal inició una carpeta de investigación. Esta cadena de ineficiencia alimenta la impunidad.
El 71.5% de la población de 18 años y más en Sonora percibe que su entidad es insegura, y la inseguridad es considerada el problema más importante para el 59.4% de la población.
Presupuesto vs. Eficiencia: Un Archivo en el Suelo
Si bien el presupuesto solicitado se destinará en su mayoría a la nómina y gasto operativo, el magistrado Acuña Griego también destacó la necesidad de ampliar el archivo judicial estatal, el cual está “rebasado” con expedientes “diseminados en el suelo prácticamente”.
Este detalle, si bien operativo, es revelador del estado de la administración de la justicia: un rezago físico y documental que, sumado a los bajos índices de denuncia y alta cifra negra, evidencia que la justicia en Sonora necesita más que solo un incremento de nómina.
La urgencia del aumento, de hecho, se centra en nuevas obligaciones legales como el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (cuya entrada en vigor es hasta 2027) y el fortalecimiento de la infraestructura para los tribunales laborales.
La ciudadanía y los legisladores ahora tendrán la tarea de analizar si un aumento del 16%—cuyo enfoque principal es administrativo y de nómina—garantizará que el Poder Judicial supere las graves deficiencias estructurales, como el rezago documental y la bajísima tasa de denuncia, que impiden un acceso efectivo a la justicia para los sonorenses.
El Plan de justicia para el pueblo seri, desde Pitiquito, Sonora es relevante porque aborda iniciativas de justicia con enfoque social y económico para un grupo étnico en Sonora.