El mito de que los profesionales de la salud son intocables ante la ley comienza a derrumbarse en Tamaulipas. En un acto que sienta un fuerte precedente sobre la rendición de cuentas en el sector salud, la jueza de control María Siria Mora ordenó la suspensión temporal del ejercicio profesional a los médicos Mario Alberto “P” y Pedro “G”, empleados del hospital “Médica Salve” en Tampico. Esta histórica medida cautelar demuestra de forma contundente que los tribunales sí tienen la facultad y la voluntad de frenar en seco a los profesionistas cuando existen sospechas fundadas de que no realizaron bien su trabajo, priorizando la seguridad de la ciudadanía por encima de cualquier gremio.
La drástica decisión judicial surge dentro de la causa penal que se les sigue a ambos doctores por el presunto delito de homicidio culposo por responsabilidad profesional (además de violencia intrafamiliar equiparada), en agravio de Diego Armando Alejandre. Según los antecedentes expuestos en las salas de oralidad de Altamira, el paciente perdió la vida debido a que no recibió la atención médica adecuada ni oportuna dentro del nosocomio, lo que le provocó complicaciones fatales. Ante los ojos de la justicia, la gravedad de las omisiones cometidas fue suficiente para arrebatarles de inmediato su derecho a ejercer la medicina mientras se esclarecen los hechos.
El caso, que mantiene en vilo a la opinión pública de la zona sur del estado, vivirá un momento crucial este martes 16 de junio, cuando la juzgadora determine si los médicos son formalmente vinculados a proceso. Más allá del resultado de esta audiencia, la suspensión inmediata de sus funciones lanza un mensaje claro y directo a todo el personal de salud en el país: la negligencia médica ya no goza de inmunidad, y aquellos que por descuido o mala praxis vulneren la vida de un paciente, pueden terminar suspendidos, enfrentando a las autoridades y tras las rejas de un tribunal penal.
