El impacto del paro de actividades en juzgados y tribunales del país, que se inició el 19 de agosto, ha impedido la realización de unas 9 mil audiencias en todas las materias del ámbito federal, indican datos de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal con información del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
El daño económico que generó el paro en 45 días, señaló la ministra Lenia Batres Guadarrama, asciende a 8 mil 307 millones 834 mil 216 pesos.
Es decir, que la falta de actividades ocasiona una erogación de 188 millones 814 mil 414 pesos al día, que es lo que cuesta la operación –incluso salarios y prestaciones de los trabajadores– de 430 juzgados de distrito, 260 tribunales colegiados, 132 tribunales laborales federales, los cuatro plenos regionales, 39 tribunales de apelación y el Centro de Justicia Penal Federal.
Toda la información consta en el SISE y en la síntesis de la información relevante en materia administrativa del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de agosto de este año.
La afectación ha sido en todos los ámbitos: audiencias en juicios penales, administrativos, laborales, de amparo, de cambio de medidas cautelares, de sentencia, de extradición, de extinción de dominio y de autorizaciones para intervención de comunicaciones.
Pagar por no funcionar
El primer minuto del pasado 19 de agosto comenzó el paro de trabajadores. Entre sus demandas está la exigencia de que se garanticen sus actuales salarios, prestaciones y bonos, y que se mantengan sus condiciones laborales hasta 2025, aunque desaparezca el CJF y se forme un nuevo organismo que vigile y sancione a jueces y magistrados que incurran en irregularidades.
También piden un pago de un mes de salario integrado por gastos extraordinarios en el paro.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) refieren que al cierre de 2021 el Poder Judicial de la Federación estaba integrado por 53 mil 160 empleados, de los cuales 3 mil 725 adscritos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mil 830 al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y 47 mil 605 al CJF.
Informes de la Judicatura señalan que este año el monto destinado a servicios personales (salarios y prestaciones) es de 59 mil 229 millones 700 mil pesos, 85 por ciento del presupuesto asignado a este órgano del PJF.
La síntesis de la información relevante en materia administrativa señala que el costo de operación anual por cada tribunal colegiado es de 9 millones 110 mil 461 pesos, equivalente a una erogación diaria de 303 mil 682 pesos.
En 45 días de paro el costo es de 13 millones 665 mil 692 por cada uno de los 260 tribunales colegiados del país, para un total de 3 mil 553 millones 79 mil 920 pesos.
El costo anual de los juzgados de distrito es de 68 millones 860 mil 719 pesos.
Por día la Judicatura debe pagar salarios por 191 mil 279 pesos, que multiplicados por 45 días de paro suman 8 millones 607 mil 555 pesos.
Esa cantidad multiplicada por los 430 juzgados suman 3 mil 699 millones 113 mil 270 pesos.
Cada uno de los 132 tribunales laborales tienen un costo de operación diaria de 71 mil 421 pesos. Al multiplicarse por 45 días de paro arroja un gasto de 424 millones 240 mil 740 pesos.
Impacto en audiencias y decisiones
Estadísticas de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal con datos del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que pueden consultarse en Internet, refieren que del primero de enero al 31 de julio de este año los juzgados y tribunales del país atendían un promedio diario de audiencias de 285 casos y se ingresaban diariamente 47 causas penales.
Sin embargo, del 19 de agosto, fecha en que inició el paro de actividades y al corte del 31 de agosto, última fecha disponible, el promedio diario de audiencias disminuyó a 84 en todo el sistema de justicia federal. Ingresaron 31 causas penales, de las cuales sólo se atienden diligencias consideradas urgentes, como la inicial, que debe definir la situación jurídica de un detenido.
La consulta a la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con datos del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, señala que diariamente se han dejado de realizar 20 audiencias, por lo que en el periodo de 45 días de huelga no se han agendado 9 mil audiencias.
Entre los casos notables de reducción de diligencias, incluso con atención a casos urgentes, está Almoloya de Juárez, por donde pasa la mayoría de asuntos de delincuencia organizada de alto impacto, donde se realizaban 6.96 audiencias y a partir del paro son 3.69.
Un segundo sitio en el que se desahogan casos relevantes, Puente Grande, de 14.71 audiencias pasó a 6.23 y de cinco causas penales por día quedó en 1.5.
La Jornada