Organizaciones de la sociedad civil expresaron su rechazo al decreto 40 emitido por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, porque “criminaliza las actividades enmarcadas dentro del derecho a informar y el acceso a la información”.
El decreto castiga actos como la toma y publicación de fotografías o videos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal, “de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que éstos presentan, sea en el lugar de los hechos o del hallazgo o en cualquier domicilio público o privado”.
La norma sanciona estas conductas con de cuatro a 10 años de prisión y multa de entre 9 mil 600 a 14 mil 433 pesos.
En comunicado, las organizaciones Propuesta Cívica, Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y Artículo 19 afirmaron que el decreto castiga tantas conductas que podría generar interpretaciones subjetivas y restrictivas, así como una aplicación discrecional y arbitraria de la norma, en detrimento del ejercicio periodístico, la libertad de expresión y el derecho a informar.
Los conceptos que utiliza son tan abiertos como “compartir”, “enviar”, o “difundir” que ponen no sólo a integrantes de la prensa en riesgo de ser injustamente procesados y penalizados, sino incluso a cualquier persona que utilice redes sociales y comparta las mismas noticias o imágenes que reciban.
Consideran que este decreto criminaliza las actividades enmarcadas dentro del derecho a informar y el acceso a la información, tal como la toma de fotografías, el envío de estas, o inclusive la descripción de los hechos o circunstancias de la muerte de las víctimas.
Las organizaciones afirman que la filtración de imágenes del Ministerio Público debe ser investigada por las propias fiscalías, por lo que “estos tipos penales deben exclusivamente recaer en las y los agentes del Estado quienes tienen obligaciones de resguardar la dignidad y los derechos humanos de las víctimas”.
En su pronunciamiento, exigen al Congreso del estado de Sonora derogar esta adición por contravenir estándares internacionales y su impacto negativo al ejercicio de la libertad de expresión, particularmente el ejercicio periodístico, así como el derecho de acceso a la información de la ciudadanía.