Un llamado urgente a las autoridades competentes de los 3 niveles de gobierno y a las y los empleadores en los distintos centros de trabajo agrícola en territorio nacional a que garanticen la información y el acceso a la salud y tratamiento médico de las más de 8.5 millones de las y los trabajadores agrícolas que se movilizan por el país y se contagian y mueren por el Covid-19.
La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (REJJA) que tiene presencia en los Estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Morelos, San Luis Potosí, Guanajuato, Sinaloa y Sonora “observamos con preocupación que las personas jornaleras agrícolas y sus familias en México se enfrentan a situaciones que vulneran aún más sus derechos y disminuido sus garantías”, dijo su coordinadora nacional, Margarita Nemesio.
Subrayó que preocupa a la Red, particularmente la situación de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas jornaleras con discapacidad, especialmente de contextos rurales e indígenas, ya que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente a la pandemia.
Enfatizó que a pesar de que los jornaleros se les considera un sector esencial, su situación se invisibiliza, “porque viene de la mano de un proceso arraigado de condiciones de explotación laboral, que se agrava ahora por el Covid-19”.
Refirió que se tienen brotes de contagio en Sonora, Chihuahua, Zacatecas, en el Vizcaíno, Baja California Sur, en total con 77 contagios y varios decesos, de junio a agosto de 2020.
Y en el mismo período, las autoridades de Zacatecas reportaron que cerca de 3 mil jornaleros procedentes de Guerrero, Michoacán, Nayarit y Sinaloa, estaban en alto riesgo de infección debido a hacinamiento en el que viven concentrados en bodegas en grupos de 40 a 60 personas, incluso familias completas.
En Aguascalientes, una bebé de 3 meses falleció por Covid-19. Era originaria del poblado Barrio de los Hilarios, del municipio de Cochoapa el Grande, en la Montaña Alta de Guerrero. En octubre, la secretaría de Salud de Guanajuato, informó del brote de Covid-19 en la localidad de San Carlos El Jaguey, municipio de Romita.
Y esta realidad persiste en este 2021. En julio reciente se detectaron 3 brotes en la población jornalera: uno en “El Carrizal”, Baja California Sur. De acuerdo con el delegado, “los 30 contagios fueron provocados por los jornaleros que vienen de fuera a trabajar en los campos”.
El segundo, fue en un albergue para familias jornaleras en la Sindicatura de la Isla del Bosque, municipio de Escuinapa, en Sinaloa. “Ahí se desconoce en número de personas jornaleras contagiadas. En los campos meloneros de Zirándaro, en Guerrero, se presentó el tercer brote con 13 contagios, señaló.
Mueren niños y bebés
Ahora en agosto, en Río Florido, en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, una mujer jornalera de 32 años falleció; una semana después, una niña de un año y dos meses; después un hombre de 38 años, ambos originarios de Guerrero.
Los familiares solicitaron el traslado del cuerpo del jornalero, pero por ser muerte por Covid-19, el protocolo del manejo de cuerpos lo impide y se sepultó en el panteón de la comunidad.
Fue la Delegación Municipal de Río Florido la que se hizo cargo de los sepelios, ya que la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Salud de Zacatecas, no brindaron apoyo a las familias. Consideraron que se trataba de trabajadores agrícolas provenientes de otras entidades.
Considera la coordinadora de REJJA que el número y los casos de contagios y decesos por Covic-19 pueden ser más elevados, debido a que no toda la población jornalera que ha padecido esta enfermedad o fallecido, lo reportan a las autoridades sanitarias.
“Muchos de ellos al no tener acceso a los servicios del sistema de salud, por su cuenta asumen los gastos de la enfermedad y, en caso de fallecimiento, la cobertura de los gastos funerarios”.
Señaló además que debido a la ausencia de brigadas de salud que permiten dar información sobre Covid-19, no es posible detectar a tiempo casos positivos, a fin de dar un adecuado tratamiento en las comunidades de origen y en regiones identificadas de destino y asentamiento de personas jornaleras.
“Estos casos descritos, no son parte de cifras oficiales por instancias estatales o a nivel federal, No hay información al respecto. Se trata de casos registrados por la Red”, dijo a El sol de México.
Ante esta realidad, la Red advierte que si los empleadores: empresarios o rancheros agrícolas en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, siguen sin tomar las medidas preventivas y de garantizar el acceso a la vacunación de la población jornalera, esta situación de vulnerabilidad se mantendrá.
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En cuanto a las condiciones laborales y de vida en los albergues, lugares de pernocta o de asentamiento de trabajo agrícola, así como en sus lugares de origen, que los exponen constantemente a contraer el virus.
Y señaló que los Servicios de Salud Pública por falta de recursos humanos y materiales, son insuficientes o limitados “y el acceso a su derecho al Seguro Social es nulo. Y esto se suma a la nula o escasa implementación de los protocolos de prevención de las autoridades federales y organismos internacionales”.