La trasnacional mexicana Kimberly-Clark de México –fabricante, distribuidora y comercializadora de productos de papel, limpieza, cuidado e higiene personal– obtuvo unos 7 mil contratos con el gobierno federal entre 1999 y 2021, por más de 1 mil 240 millones de pesos en total. La mayoría se le asignaron de forma directa, es decir, sin procedimientos de licitación pública ni competencia.
De acuerdo con el portal Quién es Quién Wiki –desarrollado por la organización Poder–, obtuvo 6 mil 979 contratos como proveedor del gobierno federal, por un total de 1 mil 240 millones 107 mil 804 pesos. Casi todos, firmados con la empresa estatal Diconsa. Sólo 15 contratos fueron por licitación pública. Esta empresa es encabezada por Claudio X González Laporte –padre del empresario Claudio X González Guajardo– y Valentín Diez Morodo, principales opositores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los otros contratistas fueron la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, Talleres Gráficos de México y la Secretaría de Salud (con dos contrataciones en 2009, por vía de licitación pública).
Por su parte, el Portal Nacional de Transparencia da cuenta que esta compañía obtuvo 1 mil 78 contratos con el gobierno federal, tan sólo entre 2018 y 2021. De éstos, 1 mil 74 fueron con Diconsa.
Pero los beneficios de Kimberly Clark no sólo tenían que ver con estas contrataciones multimillonarias, sino también con beneficios fiscales. Por ejemplo, en 2018 –el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto–, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología –el cual, por cierto, ahora está bajo ataque mediático de los grupos opositores al López Obrador– autorizó otorgar a 17 empresas el estímulo fiscal a la investigación y desarrollo de tecnología (créditos fiscales supuestamente destinados a gastos e inversiones en esa materia). Entre las beneficiarias estuvo Kimberly Clark de México, SAB de CV, con un estímulo de 50 millones de pesos para su proyecto “Productos nonwoven [textiles no tejidos] tecnológicamente mejorados con mayor contenido de fibras recics”.
Otras beneficiarias fueron las multinacionales automotrices FCA México, S.A. de C.V. (Fiat Chrysler, con 50 millones de pesos), y Volkswagen de México, S.A. de C.V., con 47 millones 855 mil 964.46 pesos; y Laboratorios Pisa, S.A. de C.V., para los proyectos “Desarrollo de terapias enzimáticas de reemplazo” y el “Diseño de dispositivo de inyección de insulina”, con un estímulo de 20 millones 458 mil 269.89 pesos en total. En 2020, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 30 meses y multó por un millón 170 mil 95 pesos a Pisa, a la que acusó de “actuar con dolo y proporcionar información falsa para obtener un contrato con el Instituto Mexicano de Seguridad Social” .
Los proyectos fueron aprobados el 28 de febrero de 2018, en una sesión ordinaria del Comité Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología y por un monto total de 331 millones 32 mil pesos. Un año antes, ese mismo Comité autorizó un monto de 658 millones 353 mil 350 pesos por concepto de estímulos fiscales. Nuevamente entre las empresas más beneficiadas figuró Kimberly Clark de México.
El pretexto fue exactamente el mismo: desarrollar “Productos nonwoven tecnológicamente mejorados”. El estímulo también ascendió a 50 millones de pesos. En esos dos años, obtuvo para el mismo fin 100 millones de pesos en subsidio directo.
A ésta se sumaba ese 2017 la minera Servicios Especializados Peñoles, S.A. de C.V., por su “Proceso hidrometalúrgico”, con 50 millones. Esta empresa es propiedad del empresario Alberto Bailléres, recientemente fallecido, y que pasó a manos de su hijo Alejandro, considerado uno de los más ricos del país. También la multinacional mexicana Controladora Mabe, S.A. de C.V., para el “Desarrollo de un refrigerador inteligente y sus procesos de manufactura para la industria 4.0”, con 50 millones.
Opositores jugando sucio
En ese contexto se entiende que detrás de la asociación civil supuestamente sin fines de lucro Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad hay intereses económicos de grupos empresariales, en especial de Kimberly Clark de México. Pero también intereses políticos de los grupos opositores de derecha, y del gobierno de Estados Unidos. Ello, porque este último ha sido el principal financiador de esta organización que dice dedicarse a hacer “periodismo de investigación”, aunque una rama muy importante de su actividad tiene que ver con litigar intereses corporativo-empresariales en tribunales.
Fundada y presidida hasta 2020 por el empresario Claudio X González Guajardo, Mexicanos Contra la Corrupción forma parte de la estrategia política y mediática de la oposición que encabeza González Guajardo, incluso con la alianza de partidos (PRI, PAN y PRD) Sí por México.
Dicha oposición del empresario Claudio X González Guajardo ha sido abierta desde antes de que el presidente López Obrador llegara a la Presidencia. Nunca ha cesado. Esta incluye el juego sucio, con campañas de desprestigio y noticias falsas difundidas no sólo en redes sociales, sino también en medios masivos, incluidos medios públicos.
Como ejemplo de esto último, destaca que entre 2014 y 2021, la actual directora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar Pérez, obtuvo 22 contratos de Canal Once –propiedad del Instituto Politécnico Nacional y perteneciente al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano– por 7 millones 650 mil 271 pesos. Ello, por emitir sus opiniones en el programa Primer Plano, donde también participan Sergio Aguayo, José Antonio Crespo, Leonardo Kurzio, Francisco Paoli Bolio y Lorenzo Meyer.
De forma bimestral, actualmente el Canal Once le paga con dinero público 205 mil 562 pesos a Casar Pérez, por difundir la misma visión que tiene Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Ello, porque esta académica aún figura en la plantilla de opinadores de este medio. Es decir, por cada programa se le pagan poco más de 25 mil pesos, mientras que los reporteros de ese mismo canal, quienes si hacen periodismo, cobran un salario de 15 mil pesos al mes.
Respecto de los intereses políticos que hay detrás de la organización civil, documentos internos de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad revelan que Estados Unidos es el principal financiador de ésta. Tan sólo en 2019 y 2020 le transfirió 25.7 millones de pesos, y en esos años quien presidia esta organización era precisamente Claudio X González Guajardo.
En esos mismos años, esta organización se dedicó a tratar de impedir algunos de los proyectos más importantes del gobierno federal; por ejemplo, interpuso decenas de juicios de amparo en contra de la cancelación del aeropuerto de Texcoco –por los negocios inmobiliarios que se detonarían en la zona en beneficio de grupos de interés económico–;también intentó impedir otros proyectos como el aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya.
Este financiamiento de Estados Unidos se da a través de los dos brazos políticos aliados a la CIA, que en otros países han sido implicados e investigados por colaborar con golpes de Estado: la Usaid y la NED.
Entre los financiadores también figura la propia Kimberly Clark, así como fundaciones de empresarios mexicanos opositores al presidente de México, como Alejandro Martí, Valentín Díez Morodo, Antonio Del Valle y Alejandro Ramírez Magaña.
De acuerdo con datos públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Mexicanos vs Corrupción e Impunidad, AC, con RFC MVC151126K45, obtuvo ingresos por 81 millones 833 mil 980 pesos. De éstos, sus gastos de operación ascendieron a 56 millones 619 mil 561 pesos. Mientras que a su presidente –entonces era Claudio X González– se le pagó un sueldo de 3 millones 83 mil 673 pesos.