La Fiscalía de Sonora ofrece recompensa por sus propios agentes prófugos de la AMIC
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ha escalado la búsqueda de la justicia al ofrecer una recompensa de $1,000,000 de pesos (según datos proporcionados) por información que conduzca a la detención de los dos exagentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) señalados como presuntos responsables de la brutal agresión contra el abogado Carlos Arturo Bustamante Bracamonte en Hermosillo.
El hecho, que conmocionó a la sociedad sonorense en mayo de 2025, resalta la ineficacia inicial del sistema de procuración de justicia. Los agentes, identificados en otros reportes como Miguel Ángel Palafox López y Argel Azael Luna Delgado, dispararon más de 70 veces contra el vehículo del abogado, hiriéndolo gravemente tras una supuesta “confusión” al ejecutar una orden de aprehensión. Bustamante Bracamonte fue alcanzado por al menos 6 balas y ha pasado por múltiples cirugías.
La controversia se agrava, ya que en un principio la propia Fiscalía informó sobre la detención y judicialización de los agentes. Sin embargo, días después, tuvo que rectificar y reconocer que los elementos no estaban detenidos y se encontraban prófugos, a pesar de haber estado a disposición tras el ataque.
Ahora, meses después y ante la incapacidad de localizarlos por sus propios medios, la autoridad recurre al ofrecimiento de una millonaria recompensa, exponiendo una grave fisura: el Estado tuvo a sus propios elementos responsables de un delito grave bajo custodia y permitió que se evadieran.
Los exagentes enfrentan cargos por homicidio calificado en grado de tentativa con alevosía y ventaja e incumplimiento de un deber legal. La recompensa por su captura es un recordatorio amargo de la doble negligencia: la agresión injustificada y la posterior fuga facilitada.
