La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gobierno de México no está de acuerdo con la decisión del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU de activar el artículo 34 de la Convención Internacional. La mandataria enfatizó que su administración actuará conforme a la Constitución y bajo el principio de respeto a la soberanía nacional, aunque mantiene una política de cooperación internacional.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas, un órgano de 10 expertos, activó el artículo 34 tras analizar información y denuncias recibidas desde 2014, incluyendo las derivadas de su visita al país. Esta activación es un mecanismo que permite al CED llevar un caso ante la Asamblea General de la ONU si considera que en un Estado existe una práctica sistemática de desapariciones forzadas.
La activación es significativa porque, de acuerdo con el artículo 5 de la Convención, las desapariciones forzadas de carácter sistemático o generalizado pueden constituir crímenes de lesa humanidad, abriendo la posibilidad de que el caso sea revisado por la Corte Penal Internacional.
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, respondió que si bien está abierto al escrutinio, considera que las afirmaciones del Comité “carecen de sustento”. La cancillería argumentó que el Estado mexicano ha reforzado las estrategias de búsqueda y presentado informes detallados que deben ser analizados objetivamente antes de emitir juicios.
Sheinbaum reconoció que la mayoría de las desapariciones en el país están relacionadas con el crimen organizado, a diferencia del pasado, cuando estaban ligadas a motivos políticos. Subrayó que esto requiere estrategias específicas de seguridad y justicia, y que los gobiernos estatales y federal discuten actualmente mecanismos de coordinación y protocolos para mejorar la atención a las víctimas y fortalecer las fiscalías especializadas.
México enfrenta un profundo desafío con más de 120,000 personas que continúan sin ser localizadas desde 2007. La activación del artículo 34 marca un punto clave en la rendición de cuentas sobre esta crisis humanitaria, mientras el debate entre la responsabilidad estatal, la soberanía y el escrutinio internacional continúa siendo central en la agenda de derechos humanos.