Por Arturo Damián
El Gobierno de México, a través de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Economía (SE) anunció que buscará anular el fallo a favor de proyecto minero en Baja California Sur ante las cortes competentes.
La determinación fue emitida de manera no unánime por un tribunal internacional administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), a favor de la empresa Odyssey Marine Exploration, que obliga a México a pagar una indemnización de 37.1 millones de dólares por haber negado el permiso para el proyecto de dragado marino en Baja California Sur.
En un comunicado se refirió que entre 2016 y 2018, la Semarnat negó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego”, por lo que la empresa Odyssey inició un arbitraje internacional en contra de México en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
La obra tenía entre sus socios a Diego Fernández de Cevallos y Alonso Ancira, y consistía en un dragado marino con el fin de extraer 7 millones de toneladas de arenas fosfáticas anuales durante 50 años para producir 350 millones de toneladas de arenas fosfáticas cribadas y secadas para su transporte.
México argumentó que el proyecto afectaba un lugar ecológicamente sensible en el que habita la tortuga caguama, ballenas gris y azul, y lobos marinos, entre otros. Asimismo, aportó evidencia que demostraba la falta de experiencia de la empresa en el sector minero, ya que su actividad principal es la búsqueda de tesoros marinos. Además, se expuso que las técnicas de dragado marino que Odyssey quería implementar no habían sido puestas en práctica en ningún lugar del mundo.
Por todo ello, consideraron las dependencias que el Tribunal dio un peso desproporcionado a las declaraciones de dos exdirectivos de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, presentados como testigos por parte de Odyssey, quienes declararon que la negación de la MIA se debió a situaciones políticas y no científicas, además que la defensa mexicana demostró que ambos testigos incurrían en conflictos de interés al recibir pagos cuantiosos por testificar, lo cual no fue tomado en cuenta por la mayoría del tribunal.
Ante las serias deficiencias de la resolución, y considerando las críticas expuestas por el árbitro disidente, la Secretaría de Economía iniciará un juicio de anulación del laudo ante las cortes competentes, haciendo valer todos los medios de defensa posibles.