El Gobierno de México, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha lanzado una convocatoria estratégica dirigida a empresas privadas para el desarrollo de 34 centrales eléctricas de tecnología renovable.
Esta iniciativa busca asegurar la satisfacción de la creciente demanda de energía en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y al mismo tiempo implementar las reglas secundarias de la reciente reforma energética. El esquema marca un intento por parte de la nueva administración de conciliar la primacía estatal en el sector con la necesaria inversión de capital privado.
La Secretaría de Energía (SENER) hizo pública la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el viernes 17 de octubre. El mecanismo prioriza las solicitudes de permisos de generación ante la Comisión Nacional de Energía (CNE) que estén alineadas con la planeación gubernamental. En total, la invitación abarca 23 centrales fotovoltaicas (solares) y 11 eólicas, distribuidas en 20 entidades del país, con la meta de que comiencen su operación comercial entre 2027 y 2030.Estos proyectos representan una capacidad instalada combinada de 5,970 MegaWatts (MW), una inyección significativa al sistema energético nacional.
Además de la capacidad de generación, se estima que las obras de refuerzo necesarias para el sistema requerirán inversiones por alrededor de MXN$11,990 millones, lo que equivale aproximadamente a US$650 millones. SENER ha justificado la medida, señalando que la Convocatoria es vital para el desarrollo de proyectos “estratégicos y prioritarios” que aseguren una planificación energética “ordenada y coherente” con los requerimientos del SEN.La convocatoria ocurre en un contexto de cambio político-energético.
Tras una larga confrontación legal durante el sexenio anterior, la reforma constitucional promovida por Sheinbaum en noviembre de 2024 busca consolidar la posición de la empresa estatal CFE (Comisión Federal de Electricidad), garantizándole al menos el 54% del mercado eléctrico.
Sin embargo, el 46% restante se mantiene abierto a jugadores privados. Este esquema, que mantiene espacios de inversión privada, se interpreta como un esfuerzo por suavizar la política energética del predecesor, quien había limitado fuertemente el capital privado en generación. La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, incluso adelantó a diplomáticos de la Unión Europea que México espera inversiones privadas por US$7,000 millones en generación eléctrica de aquí a 2030.
El proceso de la convocatoria es estructurado e incluye fases que van desde la manifestación de interés de las empresas hasta la entrada en operación comercial de la planta. Las compañías interesadas tendrán un periodo corto, del 20 al 24 de octubre, para el registro y solicitud de estudios. La notificación de los permisos aprobados, una fase crucial para los inversionistas, está prevista para el 11 y 12 de diciembre de 2025. Para agilizar el seguimiento, el regulador CNE utilizará la Ventanilla Única de Proyectos Estratégicos del Sector Energético.
Los participantes deben cumplir con varios requisitos técnicos y financieros, destacando la necesidad de cubrir los estudios de interconexión requeridos por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace). Los costos de estos estudios son variables, dependiendo de la capacidad de la planta, y oscilan entre MXN$142,729 (US$7,800) y MXN$4.1 millones (US$224,000). Adicionalmente, Cenace deberá determinar el porcentaje de almacenamiento energético aplicable a estas centrales de generación intermitente, un factor clave para la estabilidad del sistema eléctrico.