La indignación comunitaria por la muerte de ocho personas en Hermosillo tras recibir soluciones intravenosas enfrenta ahora un complejo laberinto legal. Mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES) ofrece una recompensa histórica para capturar al médico Jesús Maximiano “N”, las declaraciones del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) en Sonora han puesto sobre la mesa una realidad jurídica que resulta difícil de asimilar para las víctimas: el acusado podría enfrentar el proceso en libertad.
El presidente del STJ, Rafael Acuña Griego, aclaró que el caso está tipificado como delito culposo con resultado material de homicidio por responsabilidad médica.
Al no ser considerado un delito intencional (doloso), la ley contempla un panorama penal muy distinto.
La penalidad que enfrenta el médico puede ser hasta 12 años menor en comparación con la pena máxima de un delito intencional.
Dependiendo de las circunstancias particulares que se presenten en las audiencias, el marco legal mexicano permite que el acusado lleve su proceso bajo libertad condicional mediante el pago de una fianza.
El proceso penal ha estado marcado por una serie de estrategias legales que han retrasado la acción de la justicia:
El pasado 22 de abril, se dio a conocer que el Juez Décimo de Distrito en Sonora, Ramón Sotelo Rincón, le otorgó a Jesús Maximiano “N” un amparo para evitar ser detenido.
El 6 de mayo se programó la audiencia de vinculación a proceso. El médico no se presentó, dejando a los familiares de las víctimas esperando respuestas en la sala.
Tras no asistir a dicha audiencia, Acuña Griego reiteró que el sospechoso podría perder de manera definitiva la protección del amparo, lo que reactivaría la orden de aprehensión en su contra.
Al perder el rastro del médico y ante su inasistencia a los tribunales, la Fiscalía de Sonora optó por una medida drástica el pasado 12 de mayo:
Se ofrecen hasta 500 mil pesos a quien brinde información fidedigna que lleve a la localización y captura de Jesús Maximiano “N”.
Mientras la Fiscalía se concentra en la localización del presunto responsable, el Poder Judicial de Sonora recuerda que, una vez capturado, el código penal vigente y la naturaleza “culpable” (no intencional) del acto abren una ventana legal para que el médico no pise una celda de manera preventiva.
El impacto social
Para las familias de las ocho víctimas, el proceso no solo es una batalla contra el luto, sino contra la narrativa técnica del derecho. La posibilidad de que el presunto responsable pague una fianza y reduzca considerablemente su condena abre un debate abierto en Sonora sobre si las leyes actuales son justas cuando una negligencia médica cobra múltiples vidas.