CIUDAD DE MÉXICO.- Cámaras empresariales de Sonora denunciaron una red sistemática de extorsión, chantaje y simulación sindical operada por la dirigencia estatal de CATEM. Bajo un modus operandi detectado previamente en otros estados, los líderes sindicales estarían pervirtiendo el nuevo modelo laboral para asfixiar a empresas formales, poniendo en riesgo la estabilidad laboral y el clima de inversión en la entidad.
Las denuncias apuntan directamente a Carolina Lara Moreno, Marisela Parra Martínez y Brenda Esquer Palma, líderes de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Sonora. Se les acusa de tramitar constancias de representatividad mediante la presunta falsificación de firmas, utilizando estos documentos —obtenidos sin el consentimiento de los trabajadores— para emplazar a huelgas ficticias y forzar la firma de contratos colectivos bajo presión económica.
Carolina Lara Moreno, actual secretaria general de CATEM en el estado y exdirigente de Fuerza por México, es señalada como la artífice de este esquema junto a sus colaboradoras. Pese a su pasado como diputada local, hoy su gestión enfrenta graves acusaciones de amenazas. Al respecto, las empresas afectadas sostienen que, tras consultar a sus plantillas, los trabajadores desconocen a dichas lideresas y niegan haber otorgado cualquier respaldo sindical a su favor.
Por su parte, Marisela Parra Martínez es identificada como el brazo operativo del grupo; es ella quien presuntamente encara a los empresarios para gestionar las demandas económicas y negociar los términos del desistimiento de las huelgas.
El esquema es repetitivo: se promueven emplazamientos sin aval real para después exigir pagos mensuales o sumas extraordinarias a cambio de “levantar” el conflicto. El sector patronal califica estas acciones como un “secuestro” de la Reforma Laboral de 2019, la cual fue diseñada para democratizar los sindicatos y no para legitimar mecanismos de recaudación ilegal.
La crisis se agudiza en Nogales, motor estratégico de la industria maquiladora y el comercio exterior. Empresarios de la zona advierten que, aunque el temor a represalias ha frenado muchas denuncias públicas, la situación ha alcanzado un punto crítico que amenaza con desestabilizar las cadenas productivas binacionales.
Los denunciantes subrayan que este patrón de “extorsión escalonada” ya ocurrió en Coahuila y Durango. El paralelismo más alarmante se encuentra en la región de La Laguna, donde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas de estructuras ligadas a CATEM y a Édgar Rodríguez, alias “El Limones”, líder sindical vinculado por el Gabinete de Seguridad Federal con actividades criminales.
En otros estados, el esquema incluyó cuotas forzosas a ganaderos de hasta un peso por kilo de ganado vivo —generando cobros de 40 mil pesos por operación— y el desplazamiento violento de otros sindicatos en obras de infraestructura. Los empresarios sonorenses temen que, de no actuar, la entidad alcance esos niveles de descomposición.
Ante la gravedad de los hechos, los casos ya han sido turnados a autoridades federales y despachos jurídicos de alto nivel. La denuncia coincide con la estrategia nacional contra la extorsión impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quienes han definido este delito como una prioridad de persecución de oficio en el país.
Finalmente, el sector productivo de Sonora hizo un llamado urgente al Gobierno Federal para que ponga la lupa sobre el estado. “Proteger la legalidad laboral no es solo un tema de empresas, es proteger el empleo y el Estado de derecho frente a quienes ven en la ley una oportunidad para el chantaje”, puntualizaron.