En una curiosa determinación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) decidió conceder el amparo solicitado por los abogados de Luis Videgaray, quien fuera secretario de Relaciones Exteriores y Hacienda en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La suspensión definitiva otorgada por el TFJA señala que la Secretaría de la Función Pública (SFP) deberá retirar el nombre de Videgaray de la lista de funcionarios públicos inhabilitados, sin embargo el exfuncionario sigue inhabilitado por 10 años para ejercer cualquier cargo en el gobierno, como lo decidió la Función Pública en junio pasado, cuando lo sancionó por “falta de veracidad” en sus declaraciones patrimoniales.
Pero además el TEJA le negó a Videgaray, la medida cautelar para que la dependencia se abstenga de publicar en comunicados de prensa o redes sociales que se encuentra imposibilitado de laborar en cualquier instancia de gobierno.
La defensa legal de Videgaray Caso presentó la petición en la sala auxiliar en materia de responsabilidades administrativas graves y segunda auxiliar con sede en la Ciudad de México, pero lo único que consiguió fue eliminar el nombre de Luis Videgaray de la lista de funcionarios inhabilitados, ya que la sanción sigue vigente y la SFP queda en libertad de hacerlo público.
En 2019, la SFP inició con la investigación patrimonial de Luis Videgaray, luego de conocer su posible participación en la compra irregular de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, con la que se ocasionó un millonario daño patrimonial al Estado y de acuerdo con las investigaciones realizadas por la Función Pública, el ex secretario de Estado omitió declarar los saldos de cuentas bancarias entre 2015 y 2017, lo que consideró como una falta administrativa grave.
Como resultado de ello, la SFP expuso en un comunicado que Videgaray no podrá ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público durante la próxima década “por acreditarse la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos, cuando se desempeñó en las más altas funciones del gobierno federal”.
Con información de La Jornada