Legisladoras llaman a apoyar la reforma a la Ley Minera para eliminar el carácter “confidencial” de la información sobre los yacimientos que explotan particulares. El objetivo principal de la iniciativa es que se conozca públicamente cuánto extraen las empresas mineras, mayoritariamente trasnacionales.
La diputada federal Adriana Bustamante Castellanos, quien propuso la iniciativa de reforma que ya se discute en comisiones, señaló que busca hacer efectivo el derecho de acceso a la información y contribuir a que México priorice la sustentabilidad económica.
De aprobarse la reforma, la información sobre la producción, extracción y las ganancias económicas que generan las empresas del sector minero serían accesibles y transparentes.
Bustamante Castellanos propone modificar el artículo 7 de la Ley Minera para que deje mantenerse oculta la información sobre la producción, beneficio y destino de los minerales, geología de los yacimientos y reservas del mineral, así como los estados económicos y contables de empresas mineras y metalúrgicas.
La transparencia también incidiría en favor del derecho a un medio ambiente sano, en especial para las poblaciones en los que se encuentran asentados los proyectos de esta industria, consideró.
El proyecto de decreto también señala que la información debe estar disponible y actualizada a través de los Sistemas Digitales de Información Geológica y Cartografía.
Bustamante Castellanos argumentó que la vigente Ley Minera data de 1992. Se promulgó en el contexto de las negociaciones para la firma del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esta legislación permitió el daño irreparable de ecosistemas y territorios donde se lleva a cabo dicha actividad extractiva. También ha propiciado daños a la salud de poblaciones enteras.
“La ausencia de conocimiento oportuno, veraz, completo e intercultural sobre los proyectos y sus impactos socio-ambientales, ha ocasionado que las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas no tengan herramientas para participar adecuadamente en los procesos de consulta previa”, señaló.
Recordó que de 2012 a 2018, al menos el 11 por ciento del territorio nacional se concesionó a alguna empresa, sin que importara el impacto que esto tuviera en la población.
Por su parte, la diputada Claudia Tello Espinoza informó que en Veracruz se emitieron cinco concesiones a días de terminar el gobierno de Enrique Peña Nieto; sin embargo, con el apoyo del gobierno federal actual, dijo, se logró el respeto a la vida.
Indicó que tres de esas concesiones ya fueron canceladas por la Secretaria de Economía, por lo que llamó a seguir con el tema, para defender los derechos humanos, la vida y el territorio.