4 julio, 2024
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Las 18 reformas pendientes de AMLO para su “Plan C”

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, llamó a la prudencia y anunció que los diputados y senadores electos hablarán con la virtual candidata electa, Claudia Sheinbaum

El anuncio hecho por el actual coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, de que la reforma judicial comenzará a discutirse en los primeros días de septiembre, al inicio de la próxima legislatura, le pegó al tipo de cambio. La moneda mexicana se depreció frente al dólar por el anuncio del morenista, superando los 18 pesos.

Mier, que en septiembre, ya no será diputado federal sino senador, puso nerviosos no sólo a los mercados sino incluso a sus compañeros de partido. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, llamó a la prudencia y anunció que los diputados y senadores electos hablarán con la virtual candidata electa, Claudia Sheinbaum.

Por su parte el dirigente de Morena, Mario Delgado, puntualizó que la legislatura saliente no está en condiciones de opinar y que habrá que dialogar pero con quienes serán los próximos legisladores.

Pero la reforma judicial forma parte de un paquete de 18 reformas constitucionales, que incluye reformas en materia electoral, propuestas de eliminar a los organismos autónomos, como el INAI, o revertir las reformas a las pensiones de 1997 y 2007, hechas por los entonces presidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, respectivamente.

 

Mercados nerviosos

El triunfo en la elección presidencial de Claudia Sheinbaum no fue festejado por todos. Los mercados financieros reaccionaron nerviosos al triunfo de Morena en los comicios del 2 de junio, ante la posibilidad de que con su avasalladora victoria, se aplane el camino a la reforma constitucional al Poder Judicial, propuesta en febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que significaría la llegada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de jueces electos bajo el voto popular y no por el Senado, lo que podría quitarle su calidad de contrapeso al Poder Ejecutivo.

Aunque Claudia Sheinbaum salió a escena pública y buscó tranquilizar a los mercados, al revelar que el actual secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, continuará en el puesto al iniciar su gobierno, el peso tuvo un descenso frente al dólar, y ya rebasó los 18 pesos por la divisa estadounidense, y la Bolsa Mexicana de Valores se recuperó pero a medias.

La posibilidad de que sean discutidas y aprobadas las reformas, con un lugar preponderante la judicial, es manifiesta.

El presidente López Obrador informó el 4 de junio que el tema lo hablará con quien será su sucesora, Claudia Sheinbaum. Reconoció que tener un mes para aprobarlas antes de que deje el cargo es poco tiempo, pero expresó que sí se tiene que abordar la reforma judicial “porque no es posible que no esté al servicio del pueblo (el Poder Judicial)”.

Este 6 de junio, en la Cámara de Diputados el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, ya adelantó que la reforma judicial se votará en San Lázaro en los primeros días de septiembre, lo que causó reacciones de nerviosismo.

En campaña, siendo candidata, Claudia Sheinbaum, en sus mítines pidió el voto no sólo para ella, sino para diputados y senadores de Morena, Partido Verde y PT para poder concretar el llamado Plan C, y hacer la reforma judicial y la electoral, que propone que los consejeros del INE sean electos también bajo el voto popular.

Ahora el Plan C está al alcance de Morena, pero los mercados financieros ya se pusieron inquietos ante esa posibilidad.

 

Las reformas

Las reformas que requieren dos terceras partes de los votos son 18 y dos más sólo requieren mayoría simple.

Entre las reformas para las cuales se requiere mayoría calificada están las siguientes:

La reforma judicial que el presidente López Obrador propuso como parte de un paquete que dio a conocer el pasado 5 de febrero, durante el aniversario de la Constitución de 1917, contempla que jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los Congresos, sean electos de manera directa por el pueblo.

Otra de las reformas es la propuesta de revertir las reformas de pensiones aprobadas durante los gobiernos de Ernesto Zedillo en 1997 y de Felipe Calderón en 2007.

En materia electoral, el presidente propuso la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución del número de regidores en gobiernos municipales, evitar las excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales. Además, que el Congreso de la Unión se integre por 300 diputados y no por 500, y que el Senado se conforme con 64 y no con 128 legisladores, tal como ocurre ahora.

Asimismo, propone que tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales, sean electos con el voto libre, directo y secreto de todos los ciudadanos. Busca fortalecer la democracia participativa con la reducción del 40 al 30% de participantes en consultas populares para hacerlas válidas, efectivas y vinculatorias. Esto mismo se busca aplicar en el caso de la Revocación del Mandato.

Otra de las propuestas de reforma es eliminar todas las dependencias y organismos autónomos, como el INAI, el IFT, a los que considera ‘onerosos y elitistas, supuestamente autónomos’, y que fueron ‘creados durante el periodo neoliberal para proteger negocios particulares en contra del interés público’.

Otras reformas

  • Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente por ser los habitantes más antiguos y, sin embargo, los más olvidados de México. Consultarlos cuando se realicen obras que puedan afectar su vida o entorno y dotarlos de legitimidad jurídica para recibir recursos del presupuesto y promover acciones de inconstitucionalidad de leyes que les afecten.

  • Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Garantizar el mismo derecho a las personas con discapacidad, quienes recibirán una pensión de carácter universal.

  • Convertir en política de Estado la austeridad republicana; se redactará con mayor claridad y contundencia en el artículo 127 de la Constitución el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que perciba legalmente el Presidente de la República. De igual modo, no se permitirán privilegios ni extravagancias en ninguno de los poderes del gobierno federal.

  • Otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad.

  • Garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos.

  • Que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas.

  • Prohibir el maltrato a los animales.

  • Proscribir en el territorio nacional el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos mediante el fracking. No otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto.

  • Hacer respetar las zonas con escasez de agua y sólo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico.

  • Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. Penalizar con severidad el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada y hacer lo mismo con el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante el uso de las llamadas factureras.

  • No permitir, bajo ninguna circunstancia, que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual.

  • El salario mínimo para maestras y maestros de educación básica de tiempo completo, así como el de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras, no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al seguro social.

  • Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. En el caso de los jóvenes, cuando no estén estudiando ni tengan oportunidad de conseguir un empleo, el Estado debe contratarlos y pagarles el equivalente a un salario mínimo durante un año, mientras se forman o capacitan en tiendas, talleres, empresas o cualquier actividad productiva del campo o la ciudad, tal como opera actualmente el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

  • Todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras sembrando árboles frutales y maderables contarán con un jornal seguro, justo y permanente, como sucede con el programa Sembrando Vida. Los campesinos y pescadores seguirán recibiendo el apoyo directo del programa Producción para el Bienestar; se mantendrán precios de garantía para la compra-venta de alimentos básicos y continuará la entrega de fertilizante gratuito a todos los pequeños productores del país para cumplir con un acto básico de justicia: “que coman los que nos dan de comer”.

  • Para evitar que la Guardia Nacional se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal, por la falta de doctrina, profesionalismo y lealtad al pueblo, se propone que esta institución, creada para cumplir tareas de seguridad pública, forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional con estricto respeto a los derechos humanos.

  • Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías férreas, concesionados durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente destinados únicamente al transporte de carga. Asimismo, el Estado estará obligado a garantizar el derecho del pueblo a los servicios de internet, ya sea con una empresa pública o a través de concesiones a compañías particulares. En la reforma constitucional propuesta, se le devolverá a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública estratégica en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional, criterio que le quitaron durante el periodo neoliberal con el propósito de favorecer la privatización de la industria eléctrica.

Sheinbaum analiza con Arturo Zaldívar reforma al Poder Judicial

Claudia Sheinbaum Pardo está evaluando la reforma al Poder Judicial en conjunto con Arturo Zaldívar, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La ex jefa de gobierno capitalino señaló que debe haber un diálogo antes de que la reforma sea aprobada en el Congreso de la Unión.

Tomado de La Silla Rota

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