La reciente condena enérgica del senador Juan Carlos Loera respecto al ataque armado contra un grupo de abogados en Parral sienta un precedente crucial que va más allá del crimen mismo. El senador no solo calificó el hecho como “inaceptable”, sino que puso el dedo en la llaga de un problema sistémico en la política mexicana: la sospecha de impunidad cuando los responsables están conectados con el poder.
Loera fue directo al advertir que la situación se vuelve doblemente preocupante dado que el señalado en este caso es, presuntamente, hermano de un representante con facultades para aprobar leyes. Esta conexión no debe ser un escudo, sino una razón para extremar la vigilancia.
Cero Tolerancia a la Impunidad Política
La declaración del senador es clara y contundente: “Aquí no puede haber impunidad ni mucho menos un manto protector que genere la idea de privilegios políticos”. Esta frase debe ser el estándar. El cargo público, sea de senador o de cualquier otra representación, no confiere una licencia para que los familiares cometan actos ilegales. Al contrario, la cercanía con el poder obliga a las autoridades a conducir la investigación con absoluta transparencia y a aplicar sanciones firmes sin titubeos.
El principio es simple: la justicia es ciega y no debe distinguir entre ciudadanos comunes y quienes ostentan un apellido ligado al poder. Un acto ilegal, un ataque violento, debe ser castigado con todo el peso de la ley, independientemente de quién sea el agresor o quién sea su pariente.
El influyentismo es un cáncer que erosiona la confianza ciudadana. Si las autoridades permiten que un familiar de un legislador evada la justicia, se manda un mensaje devastador: que existen ciudadanos de primera y de segunda ante la ley. El llamado de Loera a esclarecer de inmediato el móvil y evitar sospechas de influyentismo es el primer paso para proteger la legitimidad de las instituciones.
La sociedad exige que este caso en Parral no solo se resuelva, sino que sirva de ejemplo: nadie está por encima de la ley, y el poder no es una póliza de seguro contra la cárcel para los familiares. La transparencia en la investigación y la firmeza en el castigo son la única vía para desterrar la cultura de los privilegios políticos.