Hermosillo vuelve a enfrentar el luto por una tragedia de negligencia, pero esta vez el guion político y judicial ha dado un giro radical. A diferencia del doloroso recuerdo de la Guardería ABC, donde el influyentismo y la demora procesal protegieron a los responsables durante años, el incendio en Waldo’s ha detonado una respuesta institucional inmediata. La Fiscalía General de Justicia del Estado ha dejado claro que la protección a las élites corporativas ya no es la norma, librando 25 órdenes de aprehensión apenas a dos meses del siniestro que cobró 24 vidas.
La contundencia de los hechos marca una distancia abismal con el pasado. Mientras en 2009 el sistema parecía paralizado por los apellidos de los involucrados, hoy ya se cuentan siete detenidos y una investigación que no se ha limitado a los empleados de mostrador. Las autoridades han escalado hasta la “persona moral”, señalando directamente a la cadena comercial por operar bajo irregularidades críticas y el uso de documentación presuntamente falsificada, una acción que busca sentar un precedente sobre la responsabilidad empresarial en Sonora.
El operativo preventivo que acompaña a la investigación penal también carece de precedentes. Con 68 sucursales de Waldo’s suspendidas en todo el estado, el gobierno envía un mensaje de cero tolerancia: la seguridad ciudadana está por encima del interés económico. Solo dos establecimientos han logrado acreditar condiciones óptimas para reabrir, evidenciando que la revisión de permisos y dictámenes de Protección Civil ya no es un trámite de “papel”, sino un filtro real para evitar que se repita la historia de negligencia que ha marcado a la capital sonorense.
Este 24 de diciembre, mientras las familias afectadas reciben acompañamiento directo de la Fiscalía, se celebró la primera audiencia formal del caso. Este acto procesal, realizado de forma virtual ante un Juez Oral Penal, simboliza una victoria temprana para la justicia en una entidad sedienta de ella. En esta ocasión, la tragedia no se topó con el olvido o el archivo, sino con un sistema que parece decidido a que el nombre de las 24 víctimas de Waldo’s no sea un número más en la lista de la impunidad estatal.