Miguel Rutilo Zambrano Pérez es un sonorense que ha padecido abusos y negligencia de la justicia federal, concretamente del Juzgado Noveno de Distrito con sede en Agua Prieta Sonora. Desde el 27 de octubre de 2014 no ha ejecutoriado la sentencia de amparo 91/2014, sin que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la solicitud de la facultad de atracción 410/2018, ni el Consejo de la Judicatura Federal, hayan detenido el proceder de dicho juzgado.
Miguel trabajaba desde hace 46 años en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En agosto de 2013, el entonces titular de la Junta le exigió jubilarse para asignar su puesto a una amiga. Se negó y en represalia se le cambió de lugar de trabajo, de la CDMX a la Junta Especial 23 en Hermosillo.
En Sonora fue acosado laboralmente para obligarlo a renunciar, saturándolo de trabajo y obligándolo a pagar multas que él no había generado. Se le puso a trabajar en una oficina que almacenaba cientos de cajas llenas de expedientes. El 16 de octubre de 2013 le cayeron encima, provocándole serias lesiones en la columna vertebral. Tras tres días en terapia intensiva, fue trasladado a un hospital del ISSSTE en CDMX. El accidente fue calificado como riesgo de trabajo.
Estando con licencia médica por dicho accidente, fue despedido el 16 de marzo de 2014, pretextando faltas administrativas que nunca se acreditaron. El 27 de octubre de ese año, Miguel ganó el juicio de amparo que obligaba a la STPS a reinstalarlo y pagarle todos los salarios adeudados. En represalia, la JFCA despidió a su esposa (con 20 años de servicio) y a su hija (10 años) de esa dependencia.
Miguel recurrió a la Suprema Corte para el cabal cumplimiento de la sentencia de amparo, sin embargo, el Juzgado Noveno de Distrito en Agua Prieta, Sonora, cuyo titular es el Lic. Manuel Cervantes, continúa los trámites con considerable lentitud. El argumento más reciente es que por la pandemia solo se atienden asuntos urgentes, y que este no lo es. Hasta hoy, la STPS ha evadido cumplir con la ejecutoria de amparo. No lo reinstaló, no ha pagado lo adeudado, y ahora obstaculiza el trámite de jubilación ante el ISSSTE al no proporcionarle en forma correcta los documentos requeridos para tal fin.
Van más de seis años esperando justicia. Lesionado severamente de la columna (por el accidente), diabético e hipertenso, esta semana Miguel y su esposa dieron positivo a Covid-19, agregando a la desesperación y a la impotencia en una situación sin pensión y además sin ISSSTE.
Una de las tantas situaciones en México en que destrabar las ruedas de la justicia queda en manos de las más altas autoridades. Esto es, que el Presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, instruya al Juzgado Noveno de Distrito en Agua Prieta que requiera con severidad a la STPS cumplir con la sentencia de amparo. Que se demuestre con esto que el Amparo y Protección de la Justicia Federal otorgados a Miguel no son un simple documento, sino un acto de autoridad y justicia ante los abusos de poder. O que la titular de la Secretaría, Luisa María Alcalde Luján, instruya el cumplimiento sin necesidad del apremio judicial.
La historia de Miguel es una más que muestra que partidos y gobiernos cambian, pero las actitudes de prepotencia persisten. Historias en que a la gente más vulnerable le toca perder. Ojalá que, en esta ocasión, aunque en forma muy tardía, llegue la justicia para Miguel Rutilo Zambrano Pérez.