El caso del periodista Jorge González en Campeche marca un antes y un después en la historia de la libertad de prensa en México. Por primera vez, un tribunal ha impuesto un “censor judicial” a un reportero, ordenándole abstenerse de publicar información sobre la gobernadora Layda Sansores.
Este hecho es una afrenta directa a la Constitución, que prohíbe la censura previa, y sienta un peligroso precedente a nivel nacional. La intimidación a la prensa ha evolucionado, pasando de las presiones veladas y amenazas a un uso descarado del aparato judicial para silenciar voces críticas.
Según el periodista Andrés Solís, esta judicialización de la censura no es un incidente aislado, sino parte de una tendencia donde leyes y resoluciones buscan restringir la labor periodística bajo diversos pretextos. Lo que está en juego no es solo el derecho de un reportero a informar, sino el derecho de toda la ciudadanía a estar informada. El silencio de hoy en Campeche podría convertirse en el filtro de la información en todo el país.