Las autoridades responsables, el presidente de la República, por conducto de la Segob y la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados fueron omisas pese a estar notificadas, advierte el amparo
La jueza Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, Martha Eugenia Magaña López, otorgó una suspensión definitiva a cuatro jueces que se ampararon en contra de la discusión de la reforma judicial que se aprobó en la Cámara de Diputados y que actualmente se encuentra en la Comisión de Estudios Legislativos del Senado de la República y que se prevé se discuta en comisiones el próximo domingo para llevarla al pleno de la cámara alta el martes 10 de septiembre.
Con ello se impide que la iniciativa de reforma judicial se discuta y tentativamente se apruebe en el Senado de la República de manera indefinida por lo que de llevarse a cabo en el Poder Legislativo se incurriría en desacato y se daría vista al Ministerio Público federal.
En el incidente de suspensión se estipuló que la solicitud de la medida cautelar es para el efecto de que el acto que se reclama (dictamen de reforma constitucional en materia judicial) no sea sujeto de discusión ni votación por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ni mucho menos, de ser el caso, se turne al ejecutivo para ser sancionado (momento en que podrá hacer uso del derecho de veto) y promulgado.”
Historia del amparo del fin de semana
El sábado pasado, la jueza Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, Martha Eugenia Magaña López, otorgó una suspensión que impide la discusión del dictamen de la reforma al Poder Judicial en el pleno de la Cámara de Diputados, programada para el inicio de la nueva legislatura el 1 de septiembre. De acuerdo a fuentes del Congreso, ya se les notificó sobre la decisión de los jueces.
La resolución emitida por la jueza responde a la preocupación por la vulnerabilidad en la que la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador dejaría a los trabajadores de la carrera ministerial, quienes podrían quedar en estado de indefensión, sin posibilidad de ser restituidos en su empleo, cargo o comisión, lo que implicaría la pérdida del goce de sus derechos.
La suspensión fue otorgada con carácter de urgencia, debido a que, de aprobarse y convertirse en una reforma constitucional, la medida sería “inatacable” y dejaría a los afectados sin recursos legales para defender sus derechos.
“Si a los quejosos se les pretende cesar de sus cargos de Jueces federales sin derecho de audiencia y sin derecho a indemnización alguna, bastando para ello reformar el texto de la Constitución, es claro que la suspensión debe otorgarse para efecto de que el acto que reclaman no se formalice en la norma suprema, pues de hacerse seria inatacable”, señaló la jueza.
En su resolución, la Jueza de Distrito indicó que “resulta procedente conceder la suspensión de oficio respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados, a fin de que las autoridades responsables que constituyen en el Congreso de la Unión… continúen con el proceso legislativo y en caso de la eventual aprobación del decreto de reforma constitucional… se abstengan de enviarlo a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México para la aprobación correspondiente, hasta en tanto, se resuelva la suspensión definitiva”.
Tomado de La Silla Rota
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