HERMOSILLO, Son. – Un acto de estricta imparcialidad marcó la pauta en el Poder Judicial Federal en Sonora, luego de que el Juez Segundo de Distrito, Julio César Moreno Fierros, decidiera excusarse de conocer un juicio de amparo promovido por un Oficial Judicial “C” que labora en el mismo tribunal.
El juzgador interpuso el recurso de “Excusas e Impedimentos” ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa (Proceso legal 9/2025), alegando que la relación laboral directa con el quejoso representaba un conflicto de interés que podría poner en entredicho su objetividad.
“El suscrito Julio César Moreno Fierros manifestó que se encuentra legalmente impedido para conocer el presente juicio de amparo, en tanto mantengo una relación laboral con el quejoso por prestar sus servicios en este órgano jurisdiccional”, explicó el juez en su petición.
El Amparo y la Búsqueda de Transparencia
El juicio de amparo en cuestión fue solicitado por el empleado contra la Comisión Estatal de Agua (CEA) por el supuesto cobro ilegal de agua en una propiedad ubicada en San Carlos, Nuevo Guaymas. El caso le fue radicado al Juez Moreno Fierros por una orden de turno rutinaria.
Entre los argumentos clave de su excusa, el juez sostuvo que era necesario apartarse del caso para “despejar cualquier duda objetiva ante la sociedad” y así evitar una opinión jurídica sesgada sobre un asunto tramitado en su propio juzgado. Con esta acción, buscó evitar incurrir en cualquier tipo de responsabilidad, pese a no tener ningún interés personal en el litigio.
Visto Bueno del Tribunal Colegiado
Tras la excusa, el caso fue turnado al magistrado Julio César Echeverría Morales para la elaboración de la ponencia.
En su revisión, el funcionario judicial consideró que la manifestación del Juez Moreno Fierros era suficiente y legalmente procedente. El Cuarto Tribunal Colegiado concluyó que la simple existencia de la relación laboral constituye un factor de riesgo para la pérdida de imparcialidad.
“…Basta sólo la manifestación del juez federal promovente acerca de la existencia de la relación laboral con la parte quejosa del juicio de origen, para constituir una declaración suficiente que contiene la invocación o afirmación de un elemento o dato objetivo del que razonablemente puede concluirse el riesgo de pérdida de su imparcialidad”, precisa el fallo dictado el pasado 24 de septiembre.
La decisión fue aprobada por unanimidad por los integrantes del Tribunal Colegiado, conformado por Óscar Javier Sánchez Martínez, Julio César Echeverría Morales y Olga Vargas Gutiérrez, reafirmando así la prioridad de la ética y la transparencia en la administración de justicia.