CDMX.- En la trama de la Banca Privada d’Andorra (BPA) en México se entrelazan maletas de efectivo, drogas, casas de cambio, estructuras offshore, cuentas bancarias ocultas, testaferros y presuntos narcotraficantes venezolanos; también hay personajes vinculados a Sinaloa, integrantes de la élite político-empresarial del país y operaciones gubernamentales ordenadas desde la oficina de Enrique Peña Nieto.
Una investigación del diario El País, retomada por el semanario Proceso, reveló que Juan Ramón Collado Mocelo, el abogado de la cúpula del PRI –entre sus clientes: Peña Nieto, Carlos y Raúl Salinas de Gortari, Carlos Romero Deschamps y Mario Ruiz Massieu–, movió 120 millones de euros a Andorra, mientras el gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo Maza, y otros poderosos empresarios y políticos tuvieron cuentas ahí.
El idilio con el banco del principado terminó de manera abrupta el 6 de marzo de 2015, cuando la Red de Control de los Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) señaló a BPA por lavar miles de millones de dólares de organizaciones criminales de Rusia, China y Venezuela, así como del Cártel de Sinaloa.
En su notificación, las autoridades estadunidenses afirmaron que además de constituir cuentas bancarias para sus clientes, BPA les creaba redes de sociedades offshore en Panamá, Suiza o Luxemburgo para esconder el origen del dinero que terminaba en Andorra.
La notificación llevó a autoridades intervenir las empresas de BPA. Las autoridades descubrieron que BPA tenía 2 mil 165 clientes “no aptos”; de éstos, estimaron que 923 realizaron operaciones de lavado. Con información de Proceso