Ciudad de México.– Los recursos públicos que se destinan a los programas prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador están empujando paliativos temporales para las mujeres, pero hasta ahora no hay evidencia de que busquen corregir de raíz la desigualdad entre mujeres y hombres, aseguraron investigadoras de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Las investigadoras Andrea Larios Campos, Claudia de Anda y Matilde Pérez Romero expusieron en entrevista que si bien 56 por ciento de las personas beneficiarias de estos programas sociales son mujeres, como lo informó el pasado 3 de noviembre la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann, éste no es un dato suficiente para saber cuál ha sido el impacto en la vida de las mexicanas.
Es por eso que reiteraron la propuesta de reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para establecer que se debe argumentar por qué estos programas están incluidos en el presupuesto para la igualdad, selar sus objetivos, a las unidades responsables de ejercer los montos y una metodología de evaluación, entre otros mecanismos, a fin de acabar con la discrecionalidad y garantizar la transparencia.
La coordinadora del Área de Gestión Institucional y del Conocimiento de Fundar, Claudia de Anda, expuso que los datos presentados por Nadine Gasman son importantes porque pueden ayudar a corroborar si el presupuesto destinado a programas sociales tienen un impacto real, pero aclaró que esto no se puede verificar conociendo solo el número de beneficiarias de programas sociales.
Actualmente, expuso, los padrones de beneficiarios de los programas sociales no están desagregados por sexo y tampoco son de libre de acceso, entonces no hay forma de verificar si las acciones orientadas a beneficiar a mujeres y niñas en pobreza, indigenas o con vulnerabilidades está cumpliendo este objetivo ni se hacen desde un enfoque de género e interseccional o incluso feminista.
Transparencia en programas sociales
Lo primero que llama la atención de la presentación que este 3 de noviembre hizo Nadine Gasman en la conferencia mañanera del presidente López Obrador es que dio a conocer el número de mujeres y hombres beneficiarios de 10 programas sociales, algo relevante porque Fundar ha señalado que estos padrones no están desagregados por sexo, expuso la investigadora Andrea Larios Campos.
Por tanto, aseguró, es positivo que se haya mencionado que 56 por ciento de las personas beneficiarias de estos programas son mujeres (31 millones 088 mil 221), pero recalcó que por motivos de transparencia y rendición de cuentas es importante que todos los padrones estén desagregados por sexo y sean de libre acceso.
Actualmente existe el Padrón Único de Beneficiarios, una base de datos con nombres de personas inscritas para recibir estos apoyos, pero para la experta no es suficiente para corroborar que los recursos realmente están llegando a las mujeres y tampoco para evaluar cómo contribuyen a eliminar condiciones de desigualdad y situaciones de violencia.
Por otro lado, las investigadoras de Fundar revisaron los programas prioritarios incluidos en el Anexo 13 del proyecto de presupuesto de egresos para 2022, apartado donde se ubican los recursos para la igualdad, y encontraron que de acuerdo con la Clasificación de Género, en promedio, el porcentaje de recursos orientados a mujeres a través de 12 programas presupuestarios es de 45.7 por ciento.
Esta clasificación que hace Hacienda, que es de sexo y no de género porque sólo incluye mujeres y hombres, indica que 42.7 por ciento de estos recursos se dirige a los hombres.
Sin embargo, de estos programas prioritarios solamente tres distribuyen más del 50 por ciento de su bolsa a las mujeres: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Becas para educación básica y Programa para el Bienestar de Niñas, Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.
Irregularidades en programas
Sobre este último programa, enfocado en entregar recursos a mujeres con hijas e hijos, Andrea Larios Campos, quien es investigadora en el programa de Justicia Fiscal de Fundar, expuso que en este caso 35 por ciento de los recursos están etiquetados para hombres, a pesar de que hasta en el nombre del programa se aclara que está dirigido a mujeres. Es de recordar que estas transferencias se anuncian como apoyos para madres trabajadoras o padres solos.
Aunque la titular del Inmujeres informó en la conferencia mañanera que 93 por ciento de las beneficiarias de este programa son madres trabajadoras, los informes de fiscalización de la Cuenta Pública 2020, que la Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados el pasado 28 de octubre, exponen otra situación, las irregularidades de este programa.
La economista Larios Campos explicó que la Auditoría identificó la entrega de apoyos a 114 personas beneficiarias que no contaban con documentos probatorios de identidad, la entrega de recursos a 278 niñas y niños que rebasan la edad límite establecida en las reglas de operación y la entrega de recursos a 19 beneficiarios después de su fecha de fallecimiento.
“Entonces, ya ha dicho la Auditoría: es claro que estamos teniendo problemas importantes con los padrones de beneficiarios. Por un lado la falta de transparencia hacia la sociedad en general porque no se está desagregando por género y por otro lado, a la hora de entregar recursos, están todas estas problemáticas que identificó la Auditoría”, dijo.
Menosprecio a programas contra la violencia
A diferencia de los programas cuyo fin es entregar recursos económicos a las personas, hay otros enfocados en atender la violencia que no cuentan con grandes presupuestos. Por ejemplo, las investigadoras destacaron que del 100 por ciento de los recursos para el Anexo 13, solo 2 por ciento están orientados a las acciones para erradicar la violencia contra las mujeres.
Las integrantes de Fundar mencionaron que la violencia es un problema que empeora y que se mantuvo vigente durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, por tanto ha sido incongruente que el Gobierno federal, a través de Hacienda, no incrementa los recursos para las acciones encaminadas a atender esta situación.
Es iIlógico, señalaron, cuando en la misma conferencia del 3 de noviembre, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano, expuso que en lo que va de la presente administración se han decretado siete Alertas de Violencia de Género: en Baja California, Guerrero, Chihuahua, Estado de México, Sonora, Puebla y Tlaxcala.
“Se trata del mayor número decretado en menos de tres años en coordinación con el Inmujeres y con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, expuso en su momento la funcionaria, quien agregó que se han invertido poco más de 300 millones de pesos en los Centros de Justicia para las Mujeres, la mayor inversión, aseguró, que ha dedicado una administración federal para este tipo de centros.
A pesar de este dato, Andrea Larios, explicó que los recursos para coadyuvar al cumplimiento de estas alertas en realidad han venido disminuyendo desde 2020. Como evidencia, para 2021 la Cámara de Diputados aprobó 2 millones 314 mil 603 pesos para las alertas, mientras que ahora propone un monto de 2 millones 280 mil 15 pesos para el siguiente año, lo que representa una reducción de 1.5 por ciento, según un análisis de Fundar.
“Esto es una evidencia de que los recursos se están enfocando en programas que son paliativos temporales y no programas que buscan tener un efecto más profundo”, dijo.
Lejos de un presupuesto con enfoque de género
En una mesa de trabajo, el pasado 18 de octubre, la investigadora del Programa de Rendición de Cuentas de Fundar, Matilde Pérez, expuso ante las diputadas de la Comisión de Igualdad de Género dos preocupaciones sobre los programas que reciben recursos para la igualdad: la falta de rendición de cuentas sobre los resultados y de evaluaciones que permitan conocer cómo ayudan a eliminar estereotipos y roles de género y si favorecen la distribución de bienes y recursos.
En ese parlamento abierto, esta y otras organizaciones alertaron que los programas prioritarios incluidos en el Anexo 13, el apartado del presupuesto donde se concentran los programas presupuestarios para la igualdad, estaban engordando este sección, a pesar de no tener claridad de cómo ayudarn a cerrar las brechas de desigualdad.
Esta observación no sólo la ha realizado la sociedad civil. El 28 de octubre, la Auditoría Superior de la Federación presentó ante la Cámara de Diputados un informe donde indicó que hasta 2017 solamente 15 de 110 programas presupuestarios en el Anexo 13 se vincularon directamente con la política nacional de igualdad.
Si bien los programas prioritarios del presidente López Obrador comenzaron a ser preferentes entre 2018 y 2019, este problema de no atender la desigualdad de fondo ya existía, por ello las investigadoras explicaron que no se trata de desaparecer estos apoyos sino de revisar el ejercicio de los recursos, replantear su finalidad y si cumplen sus objetivos.