Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers
El Alcalde de Hermosillo, Sonora, Antonio Astiazarán Gutiérrez, firmó un contrato multianual con la empresa Integra Arrenda para la renta de 220 patrullas eléctricas por un monto de 262.7 millones de pesos. El proceso fue cuestionado por regidores, economistas y activistas porque se realizó en fast track, con un solo concursante en la licitación y un impacto económico en las finanzas del municipio que equivaldría al 14 por ciento de la deuda del Ayuntamiento al cierre del 2022. Además, el mecanismo financiero de arrendamiento puro es ventajoso para la empresa y no para las finanzas públicas pues genera sobrecostos, según la opinión de especialistas.
Tras marcar al número de emergencia 911, Lourdes Graciela Castro esperó por dos horas el apoyo de la Policía Municipal de Hermosillo, 17 veces más del tiempo promedio que el alcalde Antonio Astiazarán prometió que las autoridades demorarían en auxiliar a la población con las nuevas patrullas eléctricas.
La petición de auxilio, narró Castro, fue porque su llanta levantó la tapadera de una alcantarilla y se quedó atorada.
“El oficial se quedó ahí. Tomó unas fotos, checando, hizo notas y me entregó el folio pero me dijo que tenía que ir a Tesorería, también a poner un reporte. Me dijo que vaya a ver qué me pueden resolver, pero de entrada yo tengo que pagar la alcantarilla y los daños al pavimento”, renegó luego de hablar con el oficial de la unidad E229.
La historia de Lourdes Graciela es el microcosmos de cualquier persona ciudadana en Hermosillo que ve con expectativa la implementación de este programa de electromovilidad que prometía reducir los tiempos de espera.
Comprometen finanzas con contrato millonario
El 18 de febrero de 2022 el municipio de Hermosillo, Sonora, gobernado por Antonio Astiazarán Gutiérrez, firmó un contrato multianual con Integra Arrenda, propiedad de Ángel Mieres Zimmerman, para la renta de 220 patrullas eléctricas por un monto de 262 millones 758 mil 431 pesos, dejando como coordinador de este instrumento jurídico al oficial mayor Ramón Corral Aguirre.
Sólo cinco meses después de asumir, el alcalde panista comprometió las finanzas públicas con la renta de vehículos tipo SUV, marca JAC, para el resto del periodo de su administración municipal, hasta agosto de 2024.
Antonio Astiazarán Gutiérrez, alcalde de Hermosillo, implementó un programa de electromovilidad policiaca mediante un arrendamiento puro. Crédito: Ayuntamiento de Hermosillo.
Pero el plan estaba en marcha desde antes, pues en noviembre de 2019, el Alcalde publicó en su cuenta de Twitter una nota sobre la estrategia de JAC y Giant Motors para “electrificar México” con cinco autos, entre esos el modelo E-Sei4, que es la plataforma usada actualmente en Hermosillo.
En 2021 la división mexicana de JAC fue el mayor vendedor de autos eléctricos en el país con casi el 60 por ciento del mercado, según un reporte de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), que registró mil 140 unidades vendidas en total ese año y 5 mil 631 en 2022.
El gobierno de Hermosillo arrendó en una sola operación una cifra que equivale al 66.26 por ciento de todos los vehículos E-Sei Pro 4 comercializados en México, analizando cifras desglosadas del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros que publica el INEGI.
Ángel Mieres Zimmermann es uno de los dueños de Integra Arrenda y presidente del consejo directivo de El Heraldo, según su perfil en Twitter.
Integra Arrenda es parte de una sociedad empresarial donde la entidad matriz es Grupo Andrade, en este corporativo tiene participación la familia Gómez del Campo Gurza, mediante Luis Eduardo, un sobrino de Margarita Zavala, ex candidata independiente por la Presidencia y esposa del ex presidente Felipe Calderón, de acuerdo con reportes de Proceso, Vanguardia y Contralínea.
Esta empresa se ha convertido en uno de los jugadores clave del arrendamiento de flotillas vehiculares para los tres niveles de la administración pública en los últimos cuatro años.
JAC Motors, copropiedad de un gobierno provincial chino y Volkswagen, operan en México mediante su alianza con Giant Motors, una división automotriz enfocada en electromovilidad impulsada por la división financiera de Inbursa, propiedad de Carlos Slim, y también con la participación de los empresarios Gerardo Alberto Dabdoub Valenzuela y Cristina Almada Almada, con sede en Cajeme, Sonora, quienes son los socios de esta marca según está asentado en el Registro Público de Comercio.
La relación de Mieres Zimmermann con armadoras chinas de carros eléctricos inició con su acercamiento en 2017 con el entonces embajador de China en México Qiu Xiaoqi (2013-2019), a quien visitó en su oficina diplomática en 2017 para hablar de la “modernización socialista”. Eventualmente El Heraldo de México le abrió sus páginas para publicar al menos ocho editoriales hasta el fin de su estancia diplomática en el país.
Xiaoqi, miembro del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, promovió inversiones de fabricantes de vehículos eléctricos en México, y desde el año 2017 JAC Motors empezó a vender sus automóviles en México aprovechando la estructura logística y de producción de la empresa Giant Motors, como una estrategia de negocios que inicialmente buscaba medidas de protección en tanto México y Estados Unidos seguían discutiendo reformas al viejo Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Arrendamiento puro, esquema ventajoso
Para este negocio, el Ayuntamiento de Hermosillo usó un mecanismo financiero cuya presencia en el mercado ha crecido los últimos años: el arrendamiento puro que, si bien lo exime de los gastos de mantenimiento mecánico del parque vehicular, el pago de impuestos ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la póliza de seguro, genera un sobreprecio de aproximadamente 55.71 por ciento por unidad rentada al compararlo con el precio del mercado.
De acuerdo con el contrato, el valor unitario de los vehículos proveídos por Integra Arrenda tendrán un costo de un millón 194 mil 356 pesos, con IVA. Mientras que el valor del vehículo comprado de agencia en 2022 era de 767 mil pesos, según cotizaciones en la página web de JAC Motors México. Es decir un incremento de 55.71 por ciento.
Para 2023 este modelo eléctrico era el de menor precio en el país frente a competidores del mismo segmento: el Mini Cooper SE, el Bolt EUV LT de GMC y Volvo XC40.
La cantidad extra de 428 mil 454 pesos por patrulla fue justificada como resultado del balizamiento policial, así como la instalación de cámaras, radio, altavoz, GPS, burreras, estrobos, rejillas interiores, una computadora que almacena los datos de ubicación y videos, estos últimos a cargo de una empresa desconocida en el mercado: Global Transformation, que al momento de la licitación sólo tenía un par de contratos con la entidad pública Probosque, del Estado de México para rastreo vehicular, y en el Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, en la Ciudad de México, para proveer de refacciones a bomberas, pero ahora procesará datos sensibles con las patrullas eléctricas, como consta en la página 16 del contrato número CAAS/EXT/05/2022-075.
Así es como el Ayuntamiento pagará a Integra Arrenda casi 1.2 millones de pesos por unidad, pese a que no se quedará con los vehículos tras 28 meses de arrendamiento, aunque tendrá la opción de vender los vehículos a los policías municipales por un monto que aún no ha aclarado.
Como punto de comparación durante 2022 la Ciudad de Nueva York anunció la adquisición de 184 Mustang Mach EV eléctricos a un costo de 230 millones de pesos (11.5 US mdd) para su flotilla de vehículos policiacos, de primeros respondientes y servicios penitenciarios.
Cada SUV marca Ford tiene un costo equivalente de un millón 250 mil pesos, si se toma en cuenta el tipo de cambio promedio del año pasado, y se sumará en 2023 a una flotilla total de 6 mil 300 vehículos, donde más del 90 por ciento son de combustión interna.
La operación de compra del gobierno municipal de la urbe neoyorkina, con esa cantidad de carros, es casi 33 millones de pesos más económica que la realizada por el Ayuntamiento de Hermosillo, que optó por arrendar vehículos deportivos utilitarios enchufables chinos.
El Ayuntamiento realizó 10 pagos parciales de junio de 2022 a principios de 2023 por un monto de 80 millones 643 mil 923 pesos, equivalente al 30.7 por ciento (sin contar pago de garantía inicial) del total comprometido en esta operación de crédito para arrendar las patrullas, de acuerdo con documentos solicitados vía transparencia, con folio 260498323000189 y la 260498323000679, con corte al 27 de abril.
Resalta en los documentos analizados que todas las transferencias bancarias realizadas por el Ayuntamiento de Hermosillo para Integra Arrenda tienen como destino una cuenta de Inbursa, institución bancaria que hasta marzo de 2022 era dueña del 48 por ciento de las acciones de Giant Motors, a través de su división Sinca.
El magnate Carlos Slim Helú es propietario de ambas empresas.
Mario Campa, maestro en Finanzas Internacionales y Política Económica de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, explicó vía mensaje de texto que el arrendamiento financiero es un crédito para comprar -o no, si se declina la opción- un activo, típicamente vehículos o máquinas, mientras que el puro es lo que se conoce como renta.
“Se puede considerar que es deuda: permite adquirir activos sin desembolsar grandes cantidades de golpe. Pero es mucho más conveniente para empresas que para gobiernos, donde entran, para las primeras, aspectos fiscales. Para los gobiernos, hay un beneficio de liquidez, pero se pagan intereses altos, máxime en este tiempo de tasas altas y, además, alcistas”, señaló.
El especialista abundó que, si bien las unidades no consumen gasolina, sí gastan electricidad y tienen costos de mantenimiento elevados, sobre todo por su constante circulación en las calles. Al ser eléctricos, agregó, también son más caros, lo que se considera como costo hundido, más allá de costos variables.
En el ámbito económico, el costo hundido es diferente a una pérdida económica. Por ejemplo, al comprar un automóvil este puede ser vendido después, pero con un costo menor. Para este caso se debe considerar que es un vehículo eléctrico que sería vendido a un valor residual a los policías municipales de aproximadamente 41 mil pesos, según tres regidores de oposición consultados.
La Ley del Impuesto Sobre la Renta en México señala límites en el arrendamiento puro en vehículos particulares de combustión interna y los enchufables. En el caso de los primeros sólo se puede deducir un pequeño porcentaje mensual, que son 6 mil pesos, la cifra es de 8 mil 550 pesos para los segundos, según el artículo 28 de la LISR.
Los automóviles propulsados por gasolina tienen un tope de deducción de 175 mil pesos y de 250 mil para carros eléctricos, híbridos o de hidrógeno.
En tanto, el Oficial Mayor Corral Aguirre justificó, mediante un cuestionario, ya que no atendió a una solicitud de entrevista, que se eligió este esquema de leasing para no generar más deuda a corto ni largo plazo.
Sin embargo, contrataron el crédito que representa el arrendamiento. La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios indica en su artículo 2, apartado VII que deuda pública es “cualquier financiamiento contratado por los entes públicos”.
Aunque en el caso de Integra Arrenda, esta opera como una Entidad Financiera no Regulada, no tiene relación con alguna institución financiera, por lo que no tiene regulación para proteger el ahorro debido a que sólo se dedica a dar crédito y no necesita regulación para proteger al ahorrador. No obstante está sujeta a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria.
Durante 2022 el Ayuntamiento de Hermosillo solicitó la aprobación de dos instrumentos para adquirir más deuda, uno de ellos en mayo con Banobras por hasta 500 millones de pesos, y la posibilidad de contratar uno más por 200 millones de pesos de acuerdo con la Ley de Ingresos y Presupuesto de 2023.
Sobre la deuda de Hermosillo contraída con la banca mixta, ascendía a mil 774 millones de pesos, la segunda cantidad más alta del país durante el tercer trimestre de 2023, según el Centro de Estudio de las Finanzas Públicas (CEFP), sólo detrás de Tijuana, Baja California.
Así, el valor total del contrato con Integra Arrenda equivaldría a un estimado del 14.82 por ciento del total de la deuda que tenía la capital de Sonora al cierre de 2022, casi 15 pesos de cada 100 pesos que se deben.
Se estima que el impacto en el ejercicio presupuestal del contrato con Integra Arrenda para las finanzas de Hermosillo sea de 112 millones 610 mil 756 pesos a lo largo de este año, según el Dictamen Patrimonio y Cuenta Pública 2023.
Licitación sin competencia y a prisa
Integra Arrenda y JAC no eran empresas desconocidas para los funcionarios del Ayuntamiento de Hermosillo.
Manuel Emilio Hoyos Díaz, comisario de Seguridad Pública, viajó a la Ciudad de México el pasado 5 de octubre del 2021 para realizar pruebas de conducción en uno de estos carros chinos, cuatro meses antes de la contratación.
“Se logró constatar que el vehículo reunía todas las características necesarias para el desempeño como unidades patrulla (sic) para la ciudad de Hermosillo”, indicó en el reporte semestral de resultados 2022 de la Policía Municipal de Hermosillo.
Es decir, tan sólo a 19 días después del inicio de la administración de Astiazarán Gutiérrez, se definió el modelo y esquema de financiamiento para la contratación de las patrullas enchufables con la única empresa en México que podía facilitar ese vehículo a gran escala.
Y pese a los cuestionamientos de regidores de oposición por el alto costo del contrato, las negociaciones se aceleraron en el último trimestre de 2021 bajo el argumento de que la flotilla de patrullas era antigua, operaba a la mitad y que representaban un gasto de 54 mil pesos en combustible al mes, según comunicados del Ayuntamiento y actas de Cabildo consultadas.
El tema de la renovación de flotillas para la Policía es recurrente para los alcaldes que le precedieron a Astiazarán Gutiérrez, con la salvedad de que se usaban fondos federales del extinto Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun), de 2008 a 2017 para comprar las unidades.
Otro argumento que se añadió para apuntalar el modelo de licitación fue que los tiempos de respuesta a las llamadas de emergencias al 911 se reducirían hasta seis veces.
La emisión de la licitación se aprobó en sesión extraordinaria de Cabildo el 16 de diciembre de 2021, con votos en contra de al menos ocho regidores.
Sólo siete semanas después se emitió el fallo ganador a favor de Integra Arrenda, en una licitación pública en la que el Ayuntamiento no registró más concursantes, como se constata en la junta de aclaraciones.
El contrato millonario multianual se firmó el 18 de febrero del año pasado, en el que se fijó un depósito de fianza como garantía para la emisión de los pagos a cambio de comprometer la entrega completa de la flotilla para el 31 de mayo, el cual la empresa incumplió.
“A nosotros se nos decía en Cabildo que sería necesario renovar la flotilla porque el gasto en gasolina y refacciones era muy alto y sólo había alrededor de 170 patrullas con gasolina en estado mecánico apto para circular. El tema del modelo eléctrico y del tipo de arrendamiento lo vimos hasta que llegó un asesor externo, que no sabíamos de dónde venía”, reveló el regidor Juan Carlos Jáuregui Ríos.
Este proceso no estuvo exento de detalles: el citado asesor comercial externo -que los propios regidores no identifican- promovió el arrendamiento ante el Cabildo; la prisa para aprobar la licitación del contrato en una sesión extraordinaria; la asincronía en el manejo de la información técnica, jurídica y financiera por parte del Ayuntamiento; el uso de un medio con escasa circulación para lanzar una licitación nacional; la declaración de un ganador en un mes y su eventual contratación en un lapso de sólo cinco semanas.
Border Hub tuvo acceso al fallo y la junta de aclaraciones del Ayuntamiento correspondiente al contrato número: CAAS/EXT/05/2022-075, en el que se constató que nunca se registró una opción B’ en el proceso y que Integra Arrenda fue la única firmante, mediante su representante legal Berenice Janet Torres, en la etapa de aclaraciones.
José Save, agente de GMC Fleet, comentó que, tras revisar las bases de esta licitación en CompraNet, daría la impresión de que los requerimientos eran tan específicos que muy pocas compañías en México podrían cubrir los requisitos en tan poco tiempo.
“Sólo un par de empresas podrían con eso”, dijo, sin mencionar marcas o nombres.
La regidora Ibeth Eréndira Fuentes Olivarría consideró que la situación se operó de manera opaca.
“La forma en que el equipo jurídico del alcalde manejó todo tan rápido y sin darnos a nosotros acceso a toda la información da de qué pensar, nosotros siempre pedíamos los documentos legales, hacer primero un plan piloto y tomar un poco más de tiempo, pero no nos escucharon”, señaló.
“Por la manera en que actuaron despierta dudas, estaban decididos a hacerlo de esa forma sin hacer un estudio piloto con unas 20 patrullas, o ver otras opciones de licitación”, agregó el regidor Jáuregui Ríos.
Tanto este regidor, como Fuentes Olivarria y María Eduwiges Espinoza Tapia, reiteraron que en Cabildo se mencionó que el precio residual que las patrullas tendrían tras 28 meses de arrendamiento, en caso de ser vendidas a los policías municipales, será de 41 mil pesos.
Sobre la probable venta a valor residual el alcalde respondió en un tuit que “las 220 patrullas eléctricas se adquirieron mediante arrendamiento financiero, y bajo un proceso de licitación pública”.
“Buscamos que cada patrulla sea manejada por un solo elemento, para que éste (si la cuida) pueda adquirirla a valor residual, al final del contrato”.
De concretarse la operación, se trataría de una devaluación de 95 por ciento con respecto al valor que el Ayuntamiento pagó de casi 1.2 millones de pesos, se estima que el estándar de valor residual que se paga en un arrendamiento (a 24 meses) es de 60 por ciento, según la firma JHLeasing.
Pese a solicitar una entrevista con el presidente municipal, desde el mes de noviembre y después en febrero, su vocera Madeleine Bonnafoux Alcaraz respondió que su agenda de trabajo lo impedía por el momento. Solamente contestó vía Twitter.
Otra solicitud, esta vez vía transparencia, para conocer el monto utilizado en publicidad para dar a conocer este programa de electromovilidad policial tuvo como respuesta que no hay recursos destinados en lo específico.
Sin embargo, mediante la consulta a la solicitud con folio 260498322001067, se logró comprobar que algunos mensajes en Twitter del alcalde Astiazarán Gutiérrez son producidos por la empresa Fomento Empresarial Ealy Cárdenas S.A. de C.V., a un costo promedio de al menos 30 mil pesos por tuit, según el contrato CAAS/ORD/11/20202-102, por el cual se pagan 3 millones 796 mil 363 pesos por el manejo parcial de la cuenta del edil.
Por su parte, Fernanda Avendaño, especialista en contrataciones públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), consideró que las licitaciones deben ser diseñadas con el fin de integrar la mejor cantidad posible de propuestas de los concursantes, en apego a las leyes de disciplina financiera.
“Resulta ser una mala práctica hacer y validar una licitación pública para adquirir bienes o arrendar equipo cuando termina inscrita para competir una sola empresa”, recalcó durante una entrevista telefónica.
Empresa polémica
Integra Arrenda es propiedad de Grupo Andrade, una sociedad empresarial conformada por Franciso de Jesús Mieres Fernández, cuyos hijos Ángel y María Cristina Mieres Zimmerman encabezan el consejo de administración, según el acta de constitución en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México.
Parte del despegue de la empresa sucedió durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), pero particularmente por la labor de Luis Eduardo Gómez del Campo Gurza, quien es apoderado de Vehículos Europeos de Monterrey, y Andrade Aeropuerto.
Las actas consultadas de ambas compañías en el Registro Público de Comercio (folios mercantiles 125154 y N-2020039230) comprueban que Gómez del Campo Gurza tiene el poder para desempeñar funciones financieras para empresas del Grupo Andrade.
Además, es hermano de la diputada panista Mariana Gómez del Campo Gurza, cercana a Marko Cortéz Mendoza, presidente nacional del PAN, ambos con una relación de proximidad política con Astiazarán Gutiérrez.
El alcalde de Hermosillo Astiazarán Gutiérrez, entonces militante del PRI, fue compañero de la panista Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa de Calderón Hinojosa, en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión (2003-2006), ella además es tía de Mariana y Luis Eduardo.
Ángel Mieres, de 49 años de edad, encabeza el consejo de administración de El Heraldo de México, en el que es posible encontrar notas o entrevistas en video correspondientes a 2022 del alcalde de Hermosillo con el tema de las patrullas eléctricas que le arrenda el alto directivo de este medio a través de su empresa.
Durante la última década, Integra Arrenda comenzó a consolidarse en el mercado del arrendamiento de flotillas para gobiernos federales y estatales.
En CompraNet y en la Plataforma Nacional de Transparencia aparecen 68 contratos por 3 mil 371 millones 298 mil pesos, del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2022.
Al momento del corte estadístico el contrato suscrito con el gobierno de Hermosillo era el cuarto con el monto más alto a nivel nacional, sólo detrás de los registrados con la Ciudad de México, Estado de México y Petróleos Mexicanos (Pemex).
Su principal cliente dentro de la administración pública es el Gobierno Federal, con arrendamientos multianuales de patrullas, vehículos militares, así como unidades para labores de exploración y mantenimiento energético.
Integra Arrenda tiene un contrato con el Gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Claudia Sheimbaum Pardo, por la renta de 510 patrullas (no eléctricas) para la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por 597.4 millones de pesos. Es decir, un promedio de un millón 171 mil pesos por unidad, un precio menor al adquirido por el Ayuntamiento de Hermosillo.
De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, la empresa incurrió en incumplimiento de contratos relacionados con la entrega y mantenimiento de vehículos de 2017 a 2020, por eso le descontó aproximadamente 16.5 millones de pesos en ese lapso.
Un documento consultado en la filtración de #GuacamayaLeaks, revela que dicha compañía incurrió en el incumplimiento con compromisos contractuales correspondientes al pintado y balizado de vehículos para la Guardia Nacional en 2020.
“La empresa presenta deficiencia e irregularidad en hacer llegar los insumos para el pintado y balizado a cada uno de los 90 talleres/agencias habilitados como centros de pintado y balizado, así como 28 centros de pintado y balizado implementados por organismos militares asignados a
la GN”, indica esta dependencia de seguridad en un documento creado en marzo de 2021 y dado a conocer por el colectivo de hackers en septiembre de 2022.
Además, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) le asignó malas calificaciones de transparencia financiera como SOFOM E.N.R., sin observar recomendaciones hechas desde 2013 a 2017, lo que la dejó como una de las peor evaluadas dentro del mercado nacional en ese periodo, a la par de recibir siete sanciones firmes que fueron pagadas a la Comisión Nacional Bancaria y al SAT, entre 2012 y 2022, según la respuesta de transparencia con folio 330009922000241.
A la par de estas situaciones, la empresa previamente se involucró en una disputa legal con Pemex en 2016, tras impugnar el fallo de una licitación por 4 mil millones de pesos, la cual se ordenó reponer el proceso, porque la compañía de Mieres Zimmerman no presentó toda la documentación solicitada.
Pemex terminó por revocar este contrato de leasing de camionetas que era un 63 por ciento más caro que otro anterior, el cual firmó Emilio Lozoya Austin (2012-2016) como director general de la empresa productiva del Estado.
Tiene antecedentes de incumplimientos
Cuando Alfonso Durazo ocupó la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el 15 de agosto de 2019, esta dependencia anunció la fiscalización de un contrato de Integra Arrenda firmado en 2018 por la asignación de un arrendamiento con un presunto sobreprecio en patrullas, en la que al final la SSPC y el Órgano Interno de Control de la Guardia Nacional fueron notificadas sobre varias discrepancias en pagos por realizar a dicha empresa.
Tras solicitar vía transparencia una versión pública correspondiente al contrato auditado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), se comprobaron irregularidades en las cantidades que serían pagadas a Integra Arrenda, debido a que retrasó la entrega de patrullas y no brindó servicio mecánico a tiempo a otras unidades ya en funcionamiento con la entonces Policía Federal (PF).
La discrepancia en los montos correspondía a 33.89 millones de pesos, al elevar el costo de 194 millones 795 mil pesos a 228 millones 858 mil pesos.
Estas irregularidades detectadas por la SFP terminaron en medidas correctivas y acciones preventivas para ejercer “los controles pertinentes que aseguren que los responsables de la administración de los contratos realicen eficiente y eficazmente la supervisión, seguimiento y control de la verificación al cumplimiento” del contrato.
El contrato fue firmado en julio de 2018 por Héctor Martínez Cordero, en ese entonces secretario general de la extinta Policía Federal, y quien al menos hasta mayo de 2019 estuvo bajo las órdenes de Durazo Montaño en la transición que eventualmente creó la Guardia Nacional.
Al cierre de este reportaje la investigación de la SFP no había concluido.
Las patrullas que usa la GN son arrendadas por Integra Arrenda prácticamente desde su creación, cuya relación contractual coincide con el tiempo que Durazo Montaño estuvo encargado de la seguridad pública federal.
Fue el gobernador de Sonora Alfonso Durazo quien acompañó al alcalde Astiazarán Gutiérrez al taller en Hermosillo donde eran acondicionadas las patrullas eléctricas a mediados de marzo de 2022, así como la primera autoridad que resaltó sus ventajas en un video.
De manera fortuita, Astiazarán Gutiérrez visitó a Durazo Montaño el 21 de agosto de 2019 en su oficina de la SSPC, cinco días después de anunciar la auditoría al contrato, como él mismo lo dio a conocer en un tuit, con el mensaje: “Le agradezco mucho al Secretario de ?@SSPCMexico, ?@AlfonsoDurazo la oportunidad de platicar esta tarde”.
Retraso en entrega de patrullas
Integra Arrenda estaba obligada a entregarle al Ayuntamiento las 220 patrullas eléctricas el 31 de mayo de 2022; es decir, dos meses y medio después de que fueron presentadas en un evento público en Hermosillo, pero, para la fecha pactada, faltaban 190 unidades por entregar.
Las autoridades respondieron que dicho retraso en la entrega se debió a la escasez global de microprocesadores que aquejaba a la industria automotriz debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus.
El gobierno municipal le amplió el periodo de entrega a dos meses más, hasta el 31 de julio de 2022, sin aplicar ninguna sanción, pese a que el contrato lo estipulaba. En ese mismo mes, apenas se trasladaron la mitad de las unidades desde Jianghuai, China, a Hermosillo, Sonora.
Para el 4 de agosto, sólo había 114 unidades en circulación en la capital del país, según el supervisor de la Policía Municipal Francisco Javier Moreno Méndez.
Luego de tres meses de retraso, el 22 de agosto se cumplió con la entrega, según se constata en las actas de entrega obtenidas vía transparencia, donde se aprecia que hay modelos 2023, pese a que no estaban contemplados en el lenguaje del contrato. Así, Integra Arrenda incurrió en dos atrasos, sin ser sancionada por el Ayuntamiento.
Las fechas de entrega establecidas por el ayuntamiento eran: seis patrullas, el 10 de marzo; 180 más a finales del mes de abril; y 34, en mayo. Pero según la oficialía mayor, el proveedor entregó hasta la primera semana de junio 31 carros equipados.
A través de un video del fabricante JAC presentó, el 17 de junio, desde la sede de la empresa en China, una “ceremonia de salida del primer lote de 225 unidades eSei Pro para el gobierno estatal de México (sic)”.
Pero en realidad se trataba de 80 vehículos, los cuales según un ejecutivo automotriz del fabricante chino ponían de relieve que habían “superado todas las dificultades y logrado la entrega sin problemas del pedido, encarna el espíritu de lucha indomable del pueblo de Jianghuai”.
Los desperfectos también marcaron el inicio de operaciones de la flotilla eléctrica.
Del 1 de marzo de 2022 al 21 de febrero de 2023 esta investigación comprobó que nueve unidades quedaron fuera de circulación debido a fallas electrónicas y otras 22 por choques y daños en la suspensión al caer en baches, según la solicitud con folio 260498323000188.
“Se han presentado fallas de origen, son nueve unidades las cuales se han bloqueado, no encienden por motivos de falla en el módulo de alto voltaje de la unidad, pero de igual manera se les ha dado seguimiento acudiendo al taller de la agencia JAC, donde los técnicos y mecánicos han resuelto dicho problema.
“También se han t