A diez años de uno de los peores desastres ambientales en México —el derrame de sulfato de cobre de Grupo México en los ríos Sonora y Bacanuchi— la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el establecimiento de una mesa de trabajo con la empresa de Germán Larrea para lograr la reparación total del daño.
El anuncio, que busca “llegar a un acuerdo y que se comprometan a cumplir”, ha sido recibido con marcado escepticismo, dada la historia de incumplimiento de Grupo México y la falta de presión efectiva por parte del Gobierno Federal desde el sexenio de Enrique Peña Nieto hasta la fecha.
La tragedia de 2014, que afectó a miles de habitantes, se manejó inicialmente con un Fideicomiso de 2 mil millones de pesos creado durante la administración de Enrique Peña Nieto. Sheinbaum misma recordó el gran fallo de ese esquema:
Recurso retornado: El fideicomiso devolvió a la empresa cerca de 979 millones de pesos sin haber concluido la remediación.
Quejas de la población: La presidenta señaló que “es inexplicable que se haya regresado (recurso), puesto que no se terminó con el trabajo de remediación”, y confirmó que hubo quejas de que personas que no vivían en la zona recibieron dinero, desviando los recursos del objetivo real.
La nula fiscalización y la permisividad de las autoridades de ese sexenio permitieron a Grupo México incumplir con la construcción de infraestructura clave y la atención médica permanente que se prometió a las comunidades afectadas.
La persistente deuda social y ambiental
La nueva mesa de trabajo, que incluye a dependencias como Gobernación, Medio Ambiente y Economía, busca forzar a la empresa a finalizar lo que dejó pendiente, incluyendo:
La construcción del hospital especializado.
La instalación de un laboratorio de monitoreo.
La realización de pruebas permanentes de salud a la población.
Aunque la demanda interpuesta por el gobierno anterior “sigue”, el objetivo de la administración actual es un “acuerdo”. La presidenta aseguró que la mesa “va bien” y que no es un proceso “cerrado ni oscuro”. Sin embargo, la década de retraso y la evidente debilidad institucional mostrada por los gobiernos previos al permitir el incumplimiento de la empresa, generan dudas sobre la voluntad real de Grupo México y la capacidad del gobierno para ejercer la presión necesaria y poner fin a la impunidad.
Los pobladores del río Sonora, diez años después, esperan ver si esta “nueva mesa” finalmente rompe con el patrón de indulgencia oficial y garantiza que la empresa pague la totalidad de su deuda ambiental y social.