La liberación de las instalaciones, en las que 50 personas se retiraron de manera pacífica, se llevó a cabo la madrugada de este viernes por elementos estatales y federales en cumplimiento de mandamiento ordenado por un juez penal, por los delitos de amenazas, obstrucción de vías de comunicación y despojo con violencia.
Los centros de producción mineros se encontraban sin actividad desde el pasado 28 de abril y sus accesos estaban bloqueados ilegalmente desde el pasado 3 de mayo.
La restitución del inmueble fue efectuada en seguimiento estricto a protocolos sobre uso legítimo de la fuerza y pleno respeto a los derechos humanos.