HERMOSILLO, SON. – A través de sus plataformas digitales, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) presentó la Política de Persecución Penal en el estado de Sonora.
La presentación de esta política fue encabezada Iván de la Garza, director general de Fortis Consultores, quien se encargó de explicar los detalles de este proceso.
Iván de la Garza detalló que las Políticas de Persecución Penal (PPP) son instrumentos utilizados en las fiscalías de varios países con la finalidad de hacer más eficiente y eficaz la investigación y persecución de los delitos, fortalecer la rendición de cuentas frente a la ciudadanía y reducir la impunidad mediante la identificación de casos prioritarios, así como la definición de estrategias de acción
La definición oficial de esta política dentro del estado es un documento normativo, elaborado por la Fiscalía General de Justicia del Estado, junto a la participación ciudadana y otras instituciones del sistema de justicia penal, en el que se definen los objetivos estratégicos a alcanzar a través de la investigación y la persecución penal para que los casos se orienten a la obtención de resultados óptimos conforme a las prioridades institucionales y el uso eficiente de los recursos.
Esta política debe abordar el tema de la impunidad desde un enfoque de priorización, teniendo claro que la demanda del servicio es contante y que va en aumento y que está orientada a objetivos estratégicos predeterminados por la institución, los cuales son la priorización de los fenómenos delictivos y la priorización de los resultados procesales.
Se compartió también el diagnóstico de la PPP, mencionando que debe ser participativa y por ello, se convocó a actores clave del sistema de justicia penal, incluyendo a la ciudadanía del estado. Para diversificar las opiniones sobre el tema, los talleres a realizados incluyeron a la sociedad civil, al Poder Judicial del Estado, a la Defensoría Pública del estado, personal operativo de la FGJES y la Mesa de seguridad.
Durante la reunión virtual también se compartieron los objetivos estratégicos de la Política de Persecución Penal, los cuales son: el promover la solución del conflicto que mejor cumpla con los objetivos del proceso penal para responder adecuadamente a las víctimas, garantizar que las conductas delictivas que más afectan a la sociedad tendrán una sanción proporcional a su impacto en la ciudadanía.
Otros de los objetivos planteados son el debilitar la capacidad financiera de aquellas personas y organizaciones que lucran mediante actividades delictivas, obtener una reparación integral para las víctimas de delitos contra la vida y la libertad, proteger de forma integral a las personas en mayor grado de vulnerabilidad ilegitima el funcionamiento del sistema de justicia penal frente a la ciudadanía.