La Fiscalía General de la República (FGR) perdió el juicio por el mayor escándalo de corrupción en el Poder Judicial Federal (PJF), en el que acusó en 2011 al ex secretario de acuerdos Esiquio Martínez Hernández de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, con una cuenta bancaria de 432 millones de pesos.
MILENIO tuvo acceso a la sentencia, dictada el 28 de junio de 2021 pero que no se había dado a conocer públicamente, en la que el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal en la Ciudad de México absolvió a Esiquio Martínez y ordenó su liberación, tras diez años de permanecer en prisión.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) estuvo detrás del asunto, pues sin su denuncia la entonces Procuraduría General de la República (PGR), dirigida por Maricela Morales, no habría actuado.
En este caso participó la magistrada Lilia Mónica López Benítez, quien hoy es consejera y una persona cercana a la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En ese entonces, era secretaria Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación del CJF y pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que le informara si Esiquio “contaba con alguna declaración informativa de salida o de internación al país de dinero”, o si tenía reporte de operaciones inusuales, relevantes o preocupantes.
Esiquio Martínez fue acusado como probable responsable de un delito de enriquecimiento ilícito y dos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La PGR también procedió en su contra por delitos de delincuencia organizada y defraudación fiscal, pero no prosperaron esas acusaciones.
El caso afectó a dos de sus hermanos porque fueron llevados a prisión; después se les liberó, tras ganar amparos, al demostrarse que no había pruebas para acusarlos.
En 2011, cuando estalló el escándalo, el ex secretario trabajaba bajo las órdenes de Álvaro Tovilla León, juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa.
La sentencia que absolvió a Esiquio Martínez fue emitida por el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal en la Ciudad de México y fue dictada el 28 de junio de 2021, misma que no se había dado a conocer públicamente.
Meses antes del fallo, el ex servidor envió un escrito al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, entonces presidente de la Corte, donde denunció irregularidades en su proceso y solicitó su intervención porque ya llevaba nueve años cinco meses en la cárcel y pedía que se dictara sentencia.
En el expediente se menciona que, Miguel Francisco González Canudas, entonces director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal del CJF, pidió a la PGR investigar al ex secretario por inconsistencias en su patrimonio.
Mientras que la magistrada Lilia Mónica López Benítez fue quien pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que le informara si Esiquio “contaba con alguna declaración informativa de salida o de internación al país de dinero”, o si tenía reporte de operaciones inusuales, relevantes o preocupantes.
En la carta enviada al ministro Arturo Zaldívar, el ex secretario señaló que todo se originó por una llamada telefónica de una persona que solo se identificó como integrante de Los Zetas, quien supuestamente le depositó diversas cantidades de dinero.
Captura de Esiquio
El 27 de mayo de 2011, Esiquio Martínez fue detenido en el edificio de los juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y fue trasladado al Reclusorio Norte.
Un secretario del juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales le confió que el asunto fue radicado en dicho órgano por instrucciones del consejero de la Judicatura Federal, Daniel Francisco Cabeza de Vaca, por tratarse de un asunto relevante.
El juzgado era presidido por el juez Ricardo Delgado Quiroz, quien se había desempeñado como agente del Ministerio Público cuando Cabeza de Vaca fue titular de la PGR.
Esiquio Martínez dijo ser originario de Oaxaca y propietario de diversos locales de frutas y legumbres en la capital del citado estado, además de dedicarse a la compra y venta de vehículos, muebles, obras de arte y operaciones financieras, entre otras.
El ex secretario acreditó la licitud de todos y cada uno de sus ingresos con pruebas testimoniales, periciales, documentales públicas y privadas.
Pero el caso se cayó, porque el Ministerio Público recabó sus estados de cuenta sin orden de un juez, violando con ello el secreto bancario.