Hermosillo.- Colectivas feministas de Sonora (Marea Verde Nogales, Paramo Feminista y Flores en el Desierto), interpusieron un amparo para que cuatro mujeres puedan acceder a servicios de aborto voluntario en el estado.
El recurso legal interpuesto ante tribunales federales, el pasado 16 de abril, hace mención de la necesidad de reformar el artículo 1ro. Constitucional y el Código Penal del Estado de Sonora, toda vez que criminaliza el derecho a decidir.
Adicionalmente, se exige que la Secretaría de Salud y al Estado, brinden los servicios necesarios para acceder a la interrupción.
Las mujeres también reclamaron que la regulación actual del delito de aborto en el Código Penal de Sonora, viola sus derechos sexuales y reproductivos.
Las mujeres firmantes de la demanda de amparo argumentan que las autoridades en materia de salud en Sonora tienen la obligación de prestar servicios de aborto voluntario como parte del derecho a la autonomía reproductiva establecido en la Constitución Federal.
Sin embargo, actualmente esos servicios no están disponibles en el Estado. Señalan que esta obligación es independiente de lo establecido en el Código Penal Estatal.
Por otro lado, aunque las mujeres firmantes no están embarazadas ni enfrentan un proceso penal, señalan que la regulación del aborto vigente en Sonora tiene efectos que obstaculizan el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
Esto, porque promueve estereotipos de género sobre la función reproductiva de las mujeres y personas gestantes. Además genera un estigma hacia quienes han decidido abortar.
La demanda ya ha sido admitida y con ella se busca que un Juzgado Federal ordene a la Secretaría de Salud que implemente servicios de aborto voluntario para garantizar el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y personas gestantes en Sonora.
También se espera que el Juzgado señale que la regulación actual del aborto en el Estado que criminaliza el aborto voluntario es inconstitucional y con ello ordene que las normas penales no se le apliquen a las mujeres demandantes.
Ello, con el fin de que de requerirlo posteriormente, puedan acceder al aborto sin tener que justificar el motivo y sin temor a ser criminalizada.
Esta demanda es la primera en el país en el que se reclama a las autoridades de salud el incumplimiento de sus obligaciones al no tener disponibles servicios de aborto voluntario para las mujeres o personas gestantes que deseen interrumpir su embarazo en el marco de su derecho a la autonomía reproductiva.
En septiembre del año 2021 el Pleno de la Suprema Corte se pronunció sobre la inconstitucionalidad de las normas que prohíben de forma absoluta el aborto voluntario.
Actualmente solo la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima y Sinaloa han reformado su Código Penal para despenalizar el aborto.
Las colectivas y organizaciones que impulsan esta demanda exigen al Congreso de Sonora, priorice el debate sobre el aborto para garantizar la autonomía reproductiva de las mujeres y personas gestantes.
También exigen que las instituciones de salud garanticen el acceso al aborto voluntario como parte de sus obligaciones en materia de salud.