El despacho Asesoría Jurídica Victimal pidió a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, recibir a las familias de las víctimas de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.
En un comunicado, el despacho pidió a la presidenta de la Corte revisar el caso y la actuación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ya que, aseguró, a casi 14 años hay familias que aún no han podido acceder a la justicia y a la reparación del daño.
Puedes leer: Padres de víctimas de la Guardería ABC instalan antimonumento frente a la SCJN para exigir justicia
“Madres y padres de familia han atravesado por un profundo dolor ante las pérdidas de algunos de sus hijos y la disminución en la calidad de vida de quienes sobrevivieron al incendio, debido a las secuelas que dejaron las quemaduras y lesiones”, dice el comunicado.
El despacho acusó que con el paso de los años, las administraciones pasadas, incluida la del ministro Arturo Zaldívar, han sido omisas en recibir y escuchar a las víctimas.
Destacó que apela a la propuesta de diálogo directo con las víctimas que la ministra Norma Piña ofreció en su proyecto para llegar a la presidencia del máximo tribunal de justicia.
La petición se da a menos de un mes de que la ministra Norma Piña se convirtió en la primera mujer en presidir la Suprema Corte.
En lo que se considera una de las peores tragedias infantiles de México, el 5 de junio de 2009 una bodega contigua a la Guardería ABC de Hermosillo, con unas cinco toneladas de papel, se incendió y el fuego se propagó rápidamente hacia la estancia infantil.
La guardería privada, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no contaba con salidas de emergencia y las puertas se abrían hacia adentro, por lo que los niños no pudieron salir del inmueble hasta que un ciudadano impactó su vehículo contra una de las paredes. El siniestro dejó 49 niños muertos y más de cien lesionados.
El caso permanece impune, pues hasta el momento no hay nadie en prisión por los hechos, a pesar de que la Suprema Corte enjuició a 22 acusados, de los que exoneró a 12 y a 10 les ratificó responsabilidad penal por homicidio y lesiones culposas.