Un debate jurídico clave se ha intensificado en Chihuahua a raíz de que ex-jueces y ex-magistrados han presentado amparos contra la prohibición legal que les impide litigar ante órganos del Estado durante los dos años posteriores a su retiro.
La restricción está establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua y el Artículo 102 de la Constitución Política del Estado, y tiene como objetivo preservar la imparcialidad y evitar conflictos de interés, dado el acceso que los ex-juzgadores tuvieron a información sensible del sistema.
Nueve amparos y suspensión provisional
Hasta la fecha límite de presentación, se han interpuesto nueve amparos ante el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua (TSJ). Los demandantes argumentan que la ley viola su derecho constitucional al trabajo y a la libertad profesional.
Algunos de los ex-jueces ya han obtenido la suspensión provisional de la prohibición, permitiéndoles seguir litigando mientras se resuelve el fondo del asunto. Esta medida, aunque temporal, pone en cuestión la aplicabilidad y proporcionalidad de la restricción.
La magistrada presidente del TSJ, Marcela Herrera, ha señalado que el Tribunal evaluará cada caso individualmente, buscando respetar los derechos constitucionales sin vulnerar los principios de independencia y transparencia del sistema judicial. Un fallo favorable a los ex-jueces podría abrir la puerta a una reforma judicial y a un precedente significativo en la interpretación de los límites al ejercicio profesional.