El escándalo desatado por la Comisión Bancaria y de Valores de Estados Unidos sobre los 64 millones de pesos (4.1 millones de dólares) en sobornos entregados por World Acceptance Corporation a secretarios de Educación y líderes del SNTE en 27 estados del país para retener su negocio de Prestamos Viva, es solo la punta de Iceberg de un sistema de corrupción solo comparable con lo que se está descubriendo en el sector energético con el caso Lozoya Austin.
Es que bajo la lógica de Prestamos Viva, que a través de sobornos entraban y retenían el negocio de los préstamos en la nómina educativa en los estados y la federación, podrían estar operando decenas de empresas de créditos que hoy se presentan a los centros escolares o buscan a los trabajadores de la educación bajo el argumento de que ya tienen el convenio con la SEP y el sindicato.
En Sinaloa por ejemplo operan Dimex, Total Credit, Prestamos Feliz y por supuesto, Prestamos Viva. Pero en otros estados podrían ser las mismas u otras, es solo cuestión de ver los talones de cheques de muchos trabajadores de la educación.
Pero hay un negocio paralelo al de los créditos, es el de los seguros.
También ya se desató el escándalo y existe una línea de investigación por fraude y evasión fiscal por parte de la Fiscalía General de la Republica.
El 23 de junio el SAT anuncio que denunció a 43 facturaras que simularon operaciones de 93 mil millones de pesos y dejaron de pagar 55 mil 125 millones de pesos de impuestos (shorturl.at/nsyK8). Estas factureras tenían una lista de clientes de 3 mil 83 personas morales y 5 mil 129 personas físicas (shorturl.at/BO029).
Entre estos clientes de las factureras estaba Magistral Agente de Seguros con sede en Jalisco, empresa que simuló operaciones comprando facturas falsas, hoy el SAT la está requiriendo por el pago de 107.96 millones de pesos en impuestos.
Magistral Agente de Seguros tiene ya más de 20 años en el magisterio nacional y tiene oficinas Coahuila, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosi, Durango, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, y por supuesto, Jalisco.
El 2016 el diario el Reforma publicó un presunto fraude contra 26 mil trabajadores de la educación de la sección 50 de Nuevo León, donde los líderes sindicales de dicha sección junto con el delegado del SNTE nacional comenzaron a descontar un seguro vía nómina para financiar y dar liquides a una empresa de daba créditos a los propios sindicalizados, créditos Doxa. Lo aberrante fue que esta empresa de créditos creada con los descuentos de seguros era del consuegro del dirigente de la sección 50 de aquel entonces, Guadalupe Castillo (shorturl.at/txCW4).
La trama de Nuevo León nos muestra dos cosas; a) el negocio de los seguros está ligado al de los créditos y los sobornos podrían estar a la orden del día, o en el peor de los casos, negocios de los propios dirigentes; b) la complicidad existente entre el SNTE nacional y las secciones locales.
Si la Fiscalía General de la Republica y la Unidad de Inteligencia Financiera se determinaran a combatir la corrupción en la nómina educativa, pondría a todas las secciones sindicales y el SNTE nacional sobre rodillas y sin capacidad de negociación
Urge un cambio en toda la estructura sindical del SNTE en el país, para acabar con la corrupción, pero también para tener fuerza en la defensa de los derechos laborales del magisterio.