POR LOS HIJOS DE LA TIZNADA
Hay victorias que no se cuentan en votos, sino en lágrimas de alivio. Tras cuatro años de una resistencia que nunca debió existir, la justicia ha hablado: el recorte de prestaciones a los jubilados de Hermosillo no solo fue un acto de crueldad política, fue un acto ilegal.
El fallo del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) es mucho más que un documento jurídico; es una bofetada de realidad para la administración de Antonio Astiazarán. La sentencia es clara: los derechos no se negocian, y la dignidad de quienes construyeron esta ciudad no se puede borrar con la firma de un decreto presupuestal.
La anatomía de una Injusticia
En enero de 2022, mientras la ciudad iniciaba un nuevo ciclo, 1,600 familias recibieron un golpe seco. Bajo la narrativa de la “austeridad”, el Ayuntamiento despojó a sus adultos mayores de apoyos vitales: canasta básica, ayuda para energía eléctrica y gastos funerarios. No se quitaron lujos; se quitaron medicinas. Se arrebató la seguridad de tener luz en el verano sonorense. Se vulneró la paz de quienes, tras décadas de servicio, solo esperaban el respeto que la ley les otorgaba desde 1997.
“Las y los jubilados no están pidiendo favores; están exigiendo el cumplimiento de derechos”, sentenció con firmeza la diputada Vicky Espinoza, quien ha sido el megáfono de esta lucha en el Congreso.
Resulta doloroso e indignante recordar las imágenes de estos cuatro años: hombres y mujeres de avanzada edad, con problemas de movilidad y salud, bajo el sol de Hermosillo, exigiendo lo que por ley les pertenece. Mientras el Ayuntamiento cerraba las puertas, los jubilados abrían la conciencia social.
Ni las recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) fueron suficientes para conmover a una administración que prefirió la batalla legal sobre la empatía humana. Tuvo que venir una orden judicial para recordarles que gobernar sin sensibilidad es, simplemente, una forma de violencia institucional.
Hoy, el fallo de enero de 2026 no admite interpretaciones. La diputada Espinoza lo ha dicho con claridad: no más tácticas dilatorias. El Ayuntamiento de Hermosillo tiene la obligación moral y legal de:
Restituir de inmediato los apoyos eliminados.
Pagar el retroactivo que le pertenece a cada trabajador.
Pedir perdón, aunque no esté en la sentencia, a través de acciones que reparen el daño causado.
El contraste es inevitable. Mientras el Gobernador Alfonso Durazo tendió la mano sin tener la obligación legal directa, el municipio se atrincheró en tecnicismos.
Esta victoria pertenece a la Asociación de Jubilados y Pensionados. Es un recordatorio de que, aunque el poder intente cansar a los justos, la resistencia histórica siempre termina por derribar los muros de la arrogancia. Hoy, Hermosillo es un poco más justo, pero la mancha de la insensibilidad quedará grabada en la historia de esta administración.